Els comerciants demanen a l’Ajuntament “solucions” al bloqueig de llicències en el Cabanyal (El País)

Los comerciantes de El Cabanyal quieren “soluciones” a los problemas del barrio, entre ellos el bloqueo de licencias de obra y actividad. Así lo adelantan en las cartas que han enviado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, y al de Actividades, Vicente Igual, para pedirles audiencia “con la mayor urgencia”. Quieren que se les informe “sobre las acciones que desde el Ayuntamiento de Valencia van a adoptar para dar solución a la realidad actual del barrio de El Cabanyal-Canyamelar, el cual se encuentra en un estado de degradación social y económica a la que hay que poner solución de una forma inmediata y definitiva”, según se lee en la misiva a Barberá. La Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítim (Acipmar), además, pide a los concejales que les reciba e informe con detalle sobre la suspensión de licencias de todo tipo en el barrio, una decisión que adoptó el Ayuntamiento en respuesta al conflicto judicial que mantiene abierto con el Gobierno por el proyecto de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a costa del derribo de más de 450 casas.
El consistorio alega que la paralización de su plan, primero por una orden del Ministerio de Cultura y después por el recurso que analiza el Tribunal Constitucional, implica que en el barrio no se pueden abrir negocios ni acometer obras de rehabilitación. Un informe de la Abogacía del Estado, por el contrario, analiza la suspensión del proyecto decretada por el Constitucional y argumenta que solo afecta a obras que pudieran afectar a la protección del patrimonio histórico, pero no a aquellas que sirven para mantener los edificios y evitar su degradación. Así lo entendió también la asociación de vecinos, que junto a Acipmar, con 140 asociados, hizo público recientemente un comunicado para instar al Ayuntamiento a que levantara el veto a las licencias y “recuperar un escenario de normalidad” y “reactivación social y económica” del barrio.Los comerciantes de El Cabanyal quieren “soluciones” a los problemas del barrio, entre ellos el bloqueo de licencias de obra y actividad. Así lo adelantan en las cartas que han enviado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, y al de Actividades, Vicente Igual, para pedirles audiencia “con la mayor urgencia”. Quieren que se les informe “sobre las acciones que desde el Ayuntamiento de Valencia van a adoptar para dar solución a la realidad actual del barrio de El Cabanyal-Canyamelar, el cual se encuentra en un estado de degradación social y económica a la que hay que poner solución de una forma inmediata y definitiva”, según se lee en la misiva a Barberá. La Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítim (Acipmar), además, pide a los concejales que les reciba e informe con detalle sobre la suspensión de licencias de todo tipo en el barrio, una decisión que adoptó el Ayuntamiento en respuesta al conflicto judicial que mantiene abierto con el Gobierno por el proyecto de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a costa del derribo de más de 450 casas.Los comerciantes de El Cabanyal quieren “soluciones” a los problemas del barrio, entre ellos el bloqueo de licencias de obra y actividad. Así lo adelantan en las cartas que han enviado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, y al de Actividades, Vicente Igual, para pedirles audiencia “con la mayor urgencia”. Quieren que se les informe “sobre las acciones que desde el Ayuntamiento de Valencia van a adoptar para dar solución a la realidad actual del barrio de El Cabanyal-Canyamelar, el cual se encuentra en un estado de degradación social y económica a la que hay que poner solución de una forma inmediata y definitiva”, según se lee en la misiva a Barberá. La Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítim (Acipmar), además, pide a los concejales que les reciba e informe con detalle sobre la suspensión de licencias de todo tipo en el barrio, una decisión que adoptó el Ayuntamiento en respuesta al conflicto judicial que mantiene abierto con el Gobierno por el proyecto de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a costa del derribo de más de 450 casas.

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