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El Ayuntamiento pide a los juzgados agilizar los desalojos en el Cabanyal

2015-09-24Publicat per:
La concejal de Policía Local recibe la garantía de la Generalitat para que los agentes medien enlos casos de ocupaciones ilegales de 90 viviendas
Más agilidad a la hora de conseguir el desalojo de los inmuebles ocupados ilegalmente en el barrio del Cabanyal, que suman alrededor de 90 viviendas. Ese fue uno de los propósitos de la reunión mantenida ayer entre la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la concejal de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, donde uno de los asuntos tratados fue la cobertura jurídica de la Policía Local a la hora de participar en la mediación de las ocupaciones ilegales.

«La consellera nos ha dicho que no hay ningún problema jurídico y que tanto nosotros como la Policía Nacional podemos participar en este proceso», indicó la delegada, para conseguir que «el propietario de una casa ocupada pueda recuperar su vivienda de manera ágil y rápida».

La edil pidió también a los juzgados que «aceleren en la medida de lo posible los trámites para los desalojos porque así conseguiremos beneficiar a los vecinos y calmar las críticas». Gómez indicó que «cada semana hay un caso nuevo y perjudica notablemente al entorno».

Matizó que «esto no tiene nada que ver con los desahucios, que nadie se confunda». Precisamente en la misma reunión se trató el acuerdo del gobierno municipal de no destinar policías locales a este tipo de intervenciones en Valencia.

Patrimonio tramita la primera vivienda tras la derogación
La comisión de Patrimonio tiene previsto tramitar hoy la primera petición de licencia que se concederá para la construcción de viviendas tras años de paralización del plan urbanístico. Se trata de un pequeño inmueble en la calle José Benlliure, fuera de la zona de la prolongación de Blasco Ibáñéz. Tras el trámite citado llegará el turno de la propia licencia de obras, en lo que se considera el pistoletazo de salida para que empiecen a aparecer andamios y grúas en el barrio para la rehabilitación.

El anterior gobierno municipal acumuló una treintena de peticiones de licencia durante los cinco años que duró la suspensión de obras en la zona afectada. En su mayor parte se trataba de rehabilitación e intervenciones de menor calado, aunque el listado incluye también varias construcciones de nueva planta.

El concejal Sarriá consideró que la mayor parte de estas iniciativas podrán retomarse ahora, tanto con las normas provisionales como en el futuro plan, dado que «mantienen la trama urbana en muchos casos», por lo que se está a la espera del arranque de dichas obras.

Las ocupaciones ilegales de viviendas en el Cabanyal son una constante desde hace años, aunque desde la paralización del plan urbanístico en 2010 es un fenómeno que se ha agravado. El Ayuntamiento decidió el pasado agosto una veintena de intervenciones de urgencia para consolidar fachadas, taponar accesos y reparar cornisas, todo hasta que se apruebe la nueva ordenación

Hasta ahora, comentó, existían dudas de este trabajo que debían realizar los agentes. «No queremos de ningún modo que acaben imputados en los juzgados», añadió, para observar que «eso no sucederá según nos han dicho la consellera. Como había dudas sobre esto necesitaba conocer su opinión y comprobar el respaldo de la Generalitat».

Los casos que llegan a los juzgados «se eternizan durante uno o incluso dos años», aseguró la delegada, para comentar que «lo que ocurría también es que la empresa Plan Cabanyal dejaba de realizar alguno de los trámites».

La zona más afectada es la calle San Pedro y alrededores, así como el resto de la zona por donde debía pasar la prolongación de Blasco Ibáñez. Una parte de las viviendas afectadas son de propiedad pública y Gómez desgranó que en el último recuento de la Policía Local hay 56 viviendas del Consistorio y 31 privadas, junto al menos tres en manos de la Generalitat.

El Consistorio aprobó unas normas urbanísticas provisionales hasta la aprobación del nuevo plan, mientras que de manera paralela la concejalía de Participación tramita una propuesta de subvenciones europeas, para lo que se ha comprometido a realizar un documento de iniciativas junto a las asociaciones vecinales y de comerciantes de esta parte del distrito Marítimo. Este proceso ha sido rápido por la brevedad de los plazos a la hora de presentar la documentación. La previsión es que en octubre esté terminado. El Consistorio trabaja también en un plan de refuerzo de limpieza, tanto de calles como de solares, así como de la vigilancia policial.

La intervención que promueve la Policía Local en los desalojos discurre paralela al trabajo de Bienestar Social con las familias afectadas. La responsable de dicho departamento, Consol Castillo, ha diseñado un plan de atención casi personalizada, dado que se ha mostrado más útil que con los centros sociales habituales de la red municipal.

Los desalojos se han realizado estos años con cuentagotas, al aducir el anterior gobierno municipal las dificultades en lograr los mandamientos judiciales. La concejala de Protección Ciudadana comentó que «debemos salvaguardar los derechos de los propietarios que no pueden entrar en sus casas».

Una de las estrategias del gobierno municipal es fomentar la rehabilitación de viviendas, por lo que las ordenanzas fiscales del próximo año incluyen una bajada en la tasa de la licencia que llega al 90%. La previsión es que el barrio del Cabanyal sea uno de los más beneficiados de este medida, aunque el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarriá, comentó que los vecinos e inversores privados «están expectantes todavía hasta que la Administración apruebe las inversiones previstas». En total, el Ayuntamiento tiene disponible un presupuesto que asciende a 22 millones de euros del Plan Confianza de la Generalitat que destinará a obras de urbanización y viviendas.

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