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Cabanyal y la ruta para el futuro

LA NULIDAD DEL PLAN DEL CABANYAL-CANYAMELAR

2015-07-05Publicat per:
Como cuestión previa cabe recordar que todos los días se tramitan y aprueban asuntos ilegales que al no ser cuestionados, acaban de por vida dándose por buenos.

Así puede ocurrir en la eliminación del plan de Cabanyal-Canyamelar.

Estoy seguro, que si se pregunta, a los técnicos que tramitaron y validaron la legalidad del plan del Cabanyal-Canyamelar, por los pasos a seguir para sustituir el plan aprobado en 2001, por otro nuevo, seguro que responden que hay que proceder a su “derogación”, así el plan nuevo sustituirá al anterior. Estimo que se trata de una interpretación interesada.

La regla general es que los planes posteriores sustituyen los anteriores y esa es la forma de proceder cuando el plan sustituido no incurre en ilegalidades. Los planes “derogados” pierden su vigencia desde la fecha de su derogación. El plan derogado se considera legal, por consiguiente es legal todo lo aprobado y ejecutado mientras estuvo vigente. El plan derogado sigue formando parte del ordenamiento jurídico y se aplica a los actos aprobados durante su vigencia. Así es que si el plan anterior fue legal no pueden haber responsabilidades de ningún tipo, ni para técnicos ni autoridades que lo aprobaron. Por eso estimo que los técnicos que justificaron la validez del PEPRI y ahora dice que procede su derogación actúan interesadamente.

A los pocos días, de publicarse la Orden del Ministerio declarando que el plan “determina la expoliación”, manifesté por escrito que ello conllevaba “nulidad” del PEPRI, a la vez restablecía la vigencia del PGOU de 1988.Sigo pensando lo mismo.

Fijarse que yo digo “nulidad” y no la “anulación”. Estimo que es así, porque la declaración de expolio se funda en dar como hecho probado, que el plan infringe la Ley de Patrimonio Histórico. Ese hecho no ha sido desvirtuado por los Tribunales.

Dado que los Planes tienen naturaleza de disposición administrativa (reglamentaria), las consecuencia de las infracciones de Ley cometidas por la disposiciones vienen establecidas en el art. 62.2 de la Ley 30/92 que establece la nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas que vulneran la Ley. De acuerdo con el principio de legalidad no cabe otra consecuencia. El caso es que los planes que incurren en nulidad quedan anulados, desde el momento de su aprobación. Dejan de existir jurídicamente, por lo que todo acto aprobado a su amparo queda como si no hubiera existido. Por cierto, hay informes del Consejo de Estado que dice que hay que pedir responsabilidad a los técnicos de la administración general que justificaron la legalidad de planes que resultaran nulos de pleno derecho.

Por otra parte, se pueden “anular” planes por incurrir en ilegalidades subsanables.

Pero si se subsanan los defectos o las omisiones el plan queda convalidado. La anulación tiene efectos desde su publicación, de manera que queda vigente lo aprobado y ejecutado mientras estaba vigente.

En fin, soy de la opinión que en aplicación de la ley el plan de 2001 puede quedar sin ningún efecto jurídico desde su aprobación y el nuevo gobierno podrá actuar con plena libertad sin tener que respetar ningún acto aprobado a su amparo. El procedimiento es cuestión compleja como para poder explicar en un pequeño artículo. En todo caso, si por consenso se siguen “atajos” no seré yo quien me oponga.

Artículo personal de Jose Luis Ramos (Abogado)

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