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La empresa del Plan del Cabanyal tiene 253 pisos listos para obtener licencias de obras

2015-04-20Publicat per:
La compañía prevé adjudicar pequeños proyectos de viviendas y reurbanización tras el desbloqueo de los permisos del Gobierno
El desbloqueo de licencias de obras y actividades en el Cabanyal por la revisión de la orden ministerial no beneficiará sólo al sector privado, es decir, las peticiones de vecinos y empresas del barrio. La empresa pública que gestiona el plan tiene una amplia cartera de proyectos listos para obtener los permisos e iniciar su ejecución.

Así, fuentes de la entidad recordaron que los proyectos suman 253 viviendas de nueva planta en distintas zonas del barrio. De este volumen importante de promociones inmobiliarias, algunas tiene ya la licencia aunque fue declarada en suspensión al aplicarse la orden del Ministerio de Cultura.

La anulación del plan supondría un retraso de varios años
«Lo más rápido sería sacar a concurso promociones de pocas viviendas», indicaron las mismas fuentes, quienes precisaron que «en muchos casos son solares, por lo que no habría ninguna dificultad en empezar las obras tras la adjudicación».

Como publicó ayer este periódico, el concejal de Urbanismo y responsable del plan, Alfonso Novo, quiere centrar los primeros esfuerzos en la rehabilitación de viviendas, los permisos de actividades y pequeñas obras de urbanización.

Hasta la derogación de la orden ministerial se descartan los derribos, salvo que sean indispensables y por motivos de seguridad. Además, se trabajará sobre todo fuera de la zona protegida, es decir, las calles declaradas Bien de Interés Cultural por su valor patrimonial.

De los proyectos aprobados por la empresa gestora del plan, el más pequeño afecta sólo a dos apartamentos, mientras que la más ambiciosa es de 125 viviendas en la avenida Blasco Ibáñez, a la altura del bulevar Serrería.

Este último es el más complicado de ejecutar a corto plazo, dado que la financiación necesaria se eleva a once millones de euros. Además, incide también algunos cambios en la legislación en materia de vivienda. En todos los casos se trata de pisos para realojos. El volumen total de derribos se eleva a 1.610 inmuebles entre casas, plantas bajas y viejas naves industriales.

Por su parte, el portavoz municipal socialista, Joan Calabuig, indicó ayer que un «extenso informe de la Abogacía del Estado de 2010 determinó que se podían conceder licencias de obra en el Cabanyal-Canyamelar» y, por lo tanto, la alcaldesa Rita Barberá, «lleva cinco años causando sufrimiento a los vecinos y perjudicando la actividad económica en el conjunto de la ciudad».

Fuentes cercanas al gobierno municipal indicaron sobre esto que «hay sentencias en contra de que se concedan licencias y eso es mucho más importante que cualquier informe», por lo que se ratificaron en que «hasta ahora no se podía conceder ningún permiso y eso es conocido de sobra por todos».

Las promociones públicas de viviendas aparecen en las memorias de la empresa de los últimos años, donde no se ha realizado ninguna obra salvo las de mantenimiento de los inmuebles. Sí que se han comprado viviendas, aunque a un ritmo menor de lo esperado.

En cuanto a los proyectos de urbanización, se encuentran fuera de la zona protegida pero en algunos casos suponen la demolición de viviendas, lo que se quiere evitar por el citado motivo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo el sábado que se darán «de manera rigurosa y caso a caso», por lo que se entiende que la premisa es precaución máxima antes de caer en un posible recurso judicial de los vecinos contrarios al plan urbanístico.

Esta prevención fue interpretada de manera distinta por la oposición socialista. «¿Qué ha cambiado desde el informe del Abogacía del Estado de 2010 para que ahora anuncien que van a desbloquear las licencias?», planteó Calabuig. «Sólo que hay elecciones y ante la desesperación del desplome electoral los populares vienen a Valencia a hacer anuncios con los que demuestran que no tienen nada que ofrecer», argumentó el candidato socialista.

La empresa pública tiene propiedades por valor de 20 millones de euros, dado que un tercio de los inmuebles a derribar ya están en manos de la sociedad. Antes de la paralización producida en abril de 2010 ya se produjeron varias demoliciones, sobre todo en la parte del futuro bulevar de San Pedro.

Calabuig recordó que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo validaron la orden del Ministerio de Cultura que suspendió en 2009 el plan aprobado por el PP. «A pesar de las sentencias, Barberá presentó una adaptación del plan a la orden que sigue provocando expolio y no tiene en cuenta a los vecinos para alcanzar una solución».

Fuentes cercanas al gobierno municipal subrayaron que «no tienen sentido peticiones como la que hizo Calabuig acerca de dar todas las propiedades compradas a la empresa municipal Aumsa». La empresa Plan Cabanyal se creó junto a la Generalitat para desarrollar el plan, sobre todo en la obra pública pero también en la rehabilitación de edificios, de manera similar al Plan RIVA de Ciutat Vella.

Por último se cuenta con las subvenciones de ayuda a la rehabilitación de vivienda aprobadas hace poco y que suponen para Valencia un total de 16,9 millones de euros. Buena parte de esta cantidad se destinará al distrito Marítimo, lo que contribuirá también a acelerar las mejoras en la zona degradada.

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