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Un tercio de los edificios a derribar en el Cabanyal ya son de propiedad municipal

2015-04-01Publicat per:
Novo anuncia otro convenio de ayudas para la rehabilitación, aunque no se aplicará hasta que se derogue la orden de 2009
La sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar aprobó ayer la liquidación del presupuesto de 2014 con un balance donde destacan los 592 inmuebles destinados a derribo y que ya son de propiedad municipal. Parte de las viviendas y bajos comerciales fueron demolidos antes de la paralización promovida por el Gobierno a mediados de 2010, aunque ha seguido la compra de edificios a particulares.

Las 592 propiedades suponen el 37% de las 1.603 viviendas afectadas por la ejecución del plan urbanístico, aunque en algunos sectores el porcentaje de las adquisiciones llega hasta el 84% en la parte sur del futuro bulevar de San Pedro. En otras zonas, por el contrario, se alcanza el 1%, como en las proximidades del paseo marítimo, donde la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez desemboca en una gran rotonda.

El reverso de las aspiraciones del gobierno municipal es la lentitud en el ritmo de las adquisiciones desde que el recurso del Gobierno en el Constitucional paralizó cualquier derribo. El pasado año sólo se compraron 14 inmuebles, diez menos que el ejercicio anterior.

Por el contrario, las intervenciones puntuales fueron 46, es decir, que el mantenimiento de los inmuebles en ruinas da mucho trabajo. La cifra es similar a la de 2013, según las memorias de la empresa pública, participada por el Ayuntamiento y la Generalitat. De las intervenciones destacan los 13 tapiados para impedir ocupaciones ilegales.

La alcaldesa anunció el pasado día 21, en la presentación de su candidatura, el inicio de los trámites por parte del Ministerio de Cultura para derogar la orden de diciembre de 2009, donde la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar se consideraba un expolio a los valores patrimoniales del barrio.

Se trata de un proceso largo, aunque el gobierno municipal está interesado antes en conocer si puede conceder otra vez licencias de obras en la zona afectada, sobre todo para fomentar inversiones privadas. Sobre esto, el concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, dijo ayer que no tiene respuesta todavía.

El delegado se hizo eco del anuncio en el consejo del director general de Proyectos Urbanos, Vicente Dómine, acerca de un nuevo convenio de ayudas para la rehabilitación de viviendas, el alquiler social y la regeneración urbana.

De esta iniciativa se beneficiarán vecinos del Cabanyal, Ciutat Vella y otros cascos históricos de la ciudad. Sustituye a uno anterior aprobado hace cuatro años y que no se ha podido aplicar debido a la paralización de licencias. Con el actual pasará lo mismo, aunque Novo subrayó que «trabajamos para derogar la orden ministerial lo antes posible».

«Este plan mejora las condiciones del anterior convenio, actualmente obsoletas», destacó Novo. En la reunión, Dómine dio cuenta del acuerdo suscrito por el Ministerio de Fomento y la Generalitat por el que ambas administraciones establecen «un marco de apoyo al alquiler social, la rehabilitación y la regeneración urbana».

«La ministra se refirió en su orden a todo el ámbito del Cabanyal, casi todo el barrio, y no sólo a la prolongación. Por lo tanto hizo que cualquier obra en el ámbito esté paralizada y ya hay sentencias que así lo ratifican. Por ello desde el gobierno municipal se trabaja para la derogación de consecuencias nefastas».

En cifras, el convenio incluye ayudas en rehabilitación por un importe de 11,7 millones de euros. A esto hay que añadir los 16,7 millones para las áreas de rehabilitación integral y eficiencia energética. Parte de estos recursos se destinarán al barrio del Cabanyal.

El concejal socialista Vicent Sarrià denunció tras el consejo «el despilfarro económico que supone mantener abierta la oficina Plan Cabanyal cuando su único objetivo es comprar casas para derribar, tapiar solares y gestionar cinco alquileres». Los costes ascendieron el pasado año, según el PSPV, a un millón de euros.

«La actividad de Plan Cabanyal en 2014 se resume en gastar 831.000 euros en la compra de 14 casas para tapiarlas con el objetivo de derribarlas; cerrar 13 solares y gestionar cinco alquileres, además de atender a los vecinos para negarles de manera reiterada la posibilidad de conseguir licencias para rehabilitar sus casas». Las administraciones implicadas trabajan ahora en delimitar el área de rehabilitación para las ayudas.

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