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La desprotección del Cabanyal

2014-09-04Publicat per:
La protección patrimonial siempre ha sido percibida por Rita Barberá como un obstáculo para poder llevar adelante sus planes urbanísticos en el Cabanyal y la defensa que han realizado las administraciones competentes, la ha considerado invasión de la autonomía local.
Ya en 1993, cuando la declaración de Bien de Interés Cultural y desde Servicio de Patrimonio Histórico de la GV se advirtió que "la aplicación de la ley de patrimonio (español) es incompatible con la prolongación del paseo de Valencia al Mar", la contrariedad que le supuso a la alcaldesa, le llevó a acusar a la Consellería de Cultura de invasión de las competencias municipales, llegando a presentar una querella contra la GV y un recurso contencioso administrativo contra la declaración de BIC, que justificó por "la agresión a la autonomía municipal que significa el decreto".

Y como era previsible, no prosperó. Años más tarde, en 1998, cuando se estaba ultimando la redacción del entonces Plan de Reforma Interior Cabanyal-Canyamelar, desde la concejalía de Urbanismo, conscientes de la ilegalidad que iban a cometer, se solicitó que se suprimiera del área BIC la zona afectada por la prolongación de la Avda. Blasco Ibáñez. La idea no fue adelante. Han tenido que pasar 20 años desde la declaración de BIC, para que esa advertencia inicial de la GV se hiciera realidad y la administración competente en materia de expolio, haya tenido que volver a poner el freno al irracional empeño de Barberá por destruir el Cabanyal y una sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo le recuerde que "la Orden del Ministerio de Cultura es respetuosa y no invade en modo alguno la autonomía local".
Pero si la declaración BIC y la atención protectora que la legislación estatal establece para la generalidad de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, estén o no catalogados, ya es motivo suficiente para que resulte incompatible la necesaria protección del Cabanyal con la prolongación de la Avda. Blasco Ibáñez, a ello hay que añadir la peculiaridad de la zona por la que pretende realizarse. Es aun a día de hoy en las manzanas que pretende derribar el ayuntamiento para llevar adelante la prolongación, a pesar de la degradación impuesta en estos últimos 15 años, es en ellas en las que mejor se mantienen los valores patrimoniales, especialmente por lo que se refiere a esa "arquitectura popular de clara raigambre eclecticista". Esta circunstancia ya aparece recogida en la documentación que conformó el expediente de su declaración BIC y ahora pretende ocultarlo el ayuntamiento.

Cuando en su momento se sometió a información pública el PEPRI ahora suspendido, entre los documentos de Información Urbanística, en el plano nº 14 se señalaban los edificios protegidos extraídos del Catálogo del PGOU que tenía carácter transitorio hasta que el PEPRI estableciera el suyo propio. El total de edificios "precatalogados" era de 772. Aunque se omitía en la documentación presentada, también debería haberse considerado el catalogo de edificios protegidos del Plan Especial del Paseo Marítimo, un catálogo que no tiene carácter transitorio como el anterior, en el que coincidiendo con el ámbito del PEPRI, aparecen protegidos dos edificios, la Lonja del Pescado con nivel de protección 1 de carácter básico monumental y el grupo Pavimar de viviendas de pescadores de la Marina Auxiliante, con nivel 2 de protección. Las determinaciones del PEPRI expoliador, suponían el derribo de 196 de esos edificios protegidos, incluidos los dos contemplados en el plan del Paseo Marítimo, sencillamente, tal como confesaban los redactores, porque su mantenimiento resultaba incompatible con las determinaciones del plan. En estos momentos en los que el ayuntamiento trata de cumplir con el mandato de la Orden Ministerial con su propuesta de adaptación, cuya finalidad debería ser eliminar el expolio que produce y "que se garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la declaración del BIC", lo que plantea es una modificación con una restricción injustificada en cuanto ámbito y alcance del PEPRI suspendido, tomando sus determinaciones expoliadoras como planos de Información Urbanística, ocultando tendenciosamente el plano nº 14 del Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU de 1988 y sustituyéndolo con el mismo número, por el catálogo del propio PEPRI, intentando justificar de este modo que ya no se derriba ningún edificio protegido, pues han sido desprotegidos previamente por el propio PEPRI declarado expoliador. Para el actual técnico redactor de la adaptación, es como si los 182 edificios provisionalmente protegidos que a pesar de la adaptación continua pretendiendo derribar, hubieran desaparecido virtualmente con antelación a su toma de decisiones. En realidad eso es lo que ha perseguido la alcaldesa en estos años de gestión del conflicto, en aquellos momentos en los que la "legalidad" se lo ha permitido, borrar del mapa la parte del Cabanyal que le molesta. Pero no le va a resultar fácil, pues por más que el catálogo del PGOU tuviera el carácter de transitorio y ahora se oculte, entre la documentación del propio PEPRI suspendido también aparece el plano de Información Urbanística nº 15 "Interés Arquitectónico", que inexplicablemente no se incluye ahora entre la documentación de Información Urbanística de la propuesta de adaptación y en el que aparecen señalados los edificios que, "a juicio del equipo redactor, tienen interés arquitectónico" y que ellos mismos reconocen en su memoria, "deberían ser objeto de algún tipo de protección", en la medida que no resulten incompatibles con las determinaciones del PEPRI. Un plano que contemplaba la existencia de 612 edificios con interés arquitectónico, de los que el PEPRI suspendido por expoliador pretendía derribar 114 y la propuesta de adaptación continúa derribando 108, sencillamente porque su protección molesta a los planes de la alcaldesa.

Negar la existencia de los edificios protegidos que pretende derribar y sustituirlos con parterres para "mantener" la trama histórica que conforman. Esa la adaptación que pretende aprobar la alcaldesa y para la que reclama la autonomía municipal.

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