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Nuevo fiasco de Rita en el Cabanyal

2014-07-22Publicat per:
El pasado 5.1.10 el Gobierno Valenciano informaba a la prensa que si no prosperaran los recursos contra la Orden Ministerial declarando que el plan del Cabanyal determinaba el expolio del barrio, procedería a la desprotección del barrio para seguir ejecutando los derribos. Sin embargo, dos días después aprobaron un Decreto Ley, en el que se declaraba derogado toda norma o acto administrativo que se opusiera a su pretensión de arrasar el Cabanyal.

El 10.1.10 el periódico “El Levante” me publicaba “EL DECRETAZO: UNA CONFESIÓN PÚBLICA DE EXPOLIO.” En el artículo decía que los del PP habían renunciado a la descatalogación de parte del BIC porque habían asumido que era una causa perdida, y sumidos “en la desesperación es cuando decidirían recurrir al Decreto Ley”. Añadía “para reforzar la credibilidad del Decreto Ley, el Consell señala que se trata de una norma de rango superior a la Orden del Ministerio, omitiendo que el principio de jerarquía normativa únicamente es aplicable a las relaciones jerarquizadas entre administraciones. Pero en aquellos supuestos, como el presente, que la Generalidad no depende del Ministerio de Cultura los choque entre normas contradictorias se resuelven aplicando la norma de la administración competente por razón de competencia de la supuesta causa de conflicto, que en este caso no hay que olvidar es un expolio al patrimonio cultural”. Hoy sabemos que el conflicto se ha resuelto aplicando las normas de la administración competente, por la prevalencia de la norma especial. La Generalitat tuvo que derogar su Decreto, para evitar un varapalo jurídico sonado. Al Ayuntamiento le dieron el varapalo en la Audiencia, para evitar que se repitiera en el supremo desistió, pero de rebote le ha pillado la sentencia dictada en el recurso de la Generalitat contra la Orden Ministerial.

Posteriormente, el mismo periódico, el 23.1.10 me público “LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE EXPOLIO AL CABANYAL”. En ese artículo decía: “Creo que no todos entienden las consecuencias jurídicas de la Orden Ministerial, declarando un acto de expolio el PEPRI del Cabanyal. Yo entiendo, que entre otros efectos, produce la nulidad automática del PEPRI, restablece la vigencia del PGOU de 1988, para el ámbito del Cabanyal, por consiguiente, recupera la vigencia el catálogo de edificios protegidos en todo el barrio”. Parecía desconocerse la regla que la anulación de una ley o disposición general conlleva la vigencia de que esas normas hubieran derogado.

Así las cosas, la nulidad del PEPRI conlleva la vigencia del PGOU que había derogado. También parecía desconocerse que la declaración de expolio obligaba a hacer un nuevo plan especial porque el aprobado había sido expulsado del ordenamiento jurídico por los efectos de la unidad radical en la que había incurrido. Se seguía hablando de hacer unos arreglos al PEPRI para adaptarlo a las exigencias de la Orden Ministerial. Sin embargo, ahora uno mira el expediente que se pretende llevar al próximo pleno municipal para someter a exposición pública y se encuentra que cumple todos los requisitos de un nuevo plan especial. Ejemplo de ello es que se somete al mismo procedimiento de tramitación que de un nuevo plan. Además se pretende cumplir las exigencias legales de las normas vigentes ahora, y no las vigentes en 2001 cuando se aprobó el PEPRI.

En fin, resulta evidente que ahora se está actuando contrariamente a lo que se admitía. Quizás no se ha querido admitir la vigencia del PGOU porque ello suponía tener que dar licencias de obras de acuerdo al mismo, salvo que se hubiera tramitado el procedimiento de suspensión de licencias, por estar elaborando nuevo plan especial, y se hubiera justificado la suspensión en aquellos ámbitos que el nuevo plan se planteara un nueva ordenación. Lo que con toda seguridad hubiera permitido dar licencias en más del 90% de barrio. Así las cosas, el barrio no hubiera sufrido la degradación que parece buscar el PP, como castigo por oponerse al deseado proyecto de la Alcaldesa.

Ahora, el nuevo plan incurre en mayores ilegalidades que el anulado. Ello es así, porque se ha hecho con los mismos criterios (como si el poder local no tuviera límites) y porque hoy las leyes son más exigentes y los Tribunales tienen claros aspectos del patrimonio histórico que hace diez años no tenían. No hay que tener dotes de adivino para aventurar que acabará siendo otro fiasco de la señora Barbera.

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