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Territorio entrega el informe y se limita a recordar que no es necesaria su aprobación

El Consell informa sin opinar sobre el nuevo plan del Cabanyal

2014-07-22Publicat per:
Los cambios: menos alturas, una avenida más pequeña y más edificios protegidos
El nuevo proyecto municipal para el Cabanyal sigue siendo una patata caliente que los funcionarios de las administraciones autonómica y estatal quieren ver lo más lejos posible pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia,Rita Barberá, en justificar que el nuevo diseño cuenta con el aval del Gobierno central. La comisión de Urbanismo aprobará hoy inicialmente la adaptación que han realizado los técnicos municipales con los votos favorables del PP pero se encontrará con la oposición frontal del PSPV, Compromís yEU. Además, el primer trámite urbanístico del nuevo plan de Barberá para el Cabanyal se realizará sin el pronunciamiento directo de los funcionarios de la Conselleria de Territorio y Vivienda sobre el fondo del asunto.

Fuentes oficiales explicaron que el informe preceptivo que se remitió al consistorio desde este departamento no da validez al trabajo municipal de manera concluyente sino que se limita a comunicar que el informe ambiental no es necesario en este caso al centrarse la actuación «en un entorno urbano consolidado». Con esta maniobra, la Generalitat y sus técnicos evitan poner su firma a un proyecto especialmente sensible y que cuenta con la amenaza de los grupos opositores de judicializar cualquier paso en falso que no se ajuste completamente a la ley. No ocurre lo mismo, sin embargo, con los funcionarios municipales, quienes reflejan en el expediente que con las reformas introducidas en el nuevo plan para el Cabanyal se da cumplimiento a las especificaciones establecidas en la orden del Ministerio de Cultura que establecía que el proyecto original suponía un expolio patrimonial para el barrio. Así, todo el expediente del Ayuntamiento de Valencia sí cuenta con la aprobación de los técnicos de la casa a través de sus firmas.

Los cambios

En el expediente que se someterá a votación en la comisión de Urbanismo de hoy se certifican los cambios anunciados por Barberá tras su «acuerdo político» con el Ministerio de Cultura. De esta manera, la avenida pasará a tener una anchura de 60 metros aproximadamente (la avenida propiamente dicha tendría 48 metros) en lugar de los más de 100 previstos inicialmente. Además, no llegará hasta la playa sino que se frenará delante de la Lonja de Pescadores, un edificio que con el nuevo plan quedará protegido. Los edificios que bordeen la avenida no contarían con una altura de cinco plantas sino de tres, lo que reduciría la edificabilidad.

Para ajustar el plan, los técnicos ya apuestan por un diseño concreto con respecto a la prolongación de Blasco Ibáñez. En lugar de confeccionar un gran bulevar central con viales de nueve metros en cada sentido y próximos a las viviendas, se concentra el paso del tráfico en la zona central con una anchura total de 14 metros y con dos zonas ajardinadas a cada lado del vial de 11 metros de ancho cada una. En la memoria justificativa se subraya que se produce «una realineación de las nuevas edificaciones y de los parterres del bulevar, que mantiene rigurosamente la continuidad de la retícula en su sentido paralelo al mar». El documento, firmado por el arquitecto César Mifsut de la Oficina Técnica de la sociedad Plan Cabanyal», tiene fecha de julio de 2014 e incorpora un desglose en la memoria justificativa destinada a desmenuzar las inversiones públicas necesarias para poder ejecutar el plan en su integridad con las modificaciones que ahora inician el procedimiento administrativo para su aprobación final.

En el documento se eleva la inversión pública necesaria para acometer todos los trabajos hasta los 447,8 millones de euros frente a los 159 previstos inicialmente cuando comenzó la tramitación del primer plan. El arquitecto redactor de esta adaptación realiza una traslación de costes al momento actual y dispara ostensiblemente la inversión pública necesaria. De los 19,8 millones previstos en obras de urbanización se pasa a 41 y de los 17,3 millones que se calculaban necesarios para comprar y/o expropiar inmuebles no incluidos en las operaciones concertadas de la permuta y realojo se pasa a 75, siempre según el documento que se votará hoy en la comisión de Urbanismo.

Con respecto a la sostenibilidad de la zona donde se han introducido los cambios (el resto del Pepri sigue igual), el proyecto de adaptación reconoce que existe un desfase entre los ingresos esperados y los gastos de casi 11 millones. No obstante,reconocer que existe «un balance negativo en la sostenibilidad económica de la adaptación»,el autor insiste en que hay que tener en cuenta «que se trata de una actuación directa de la Administración y está justificada por el interés general».

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