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La policía detecta 35 inmuebles con conexión ilegal a la luz en el Cabanyal

2014-06-15Publicat per:
El refuerzo policial para frenar la degradación se mantiene con 215 identificaciones y nueve tapiados de viviendas
Los cinco primeros meses del año, la Policía Local ha continuado con el Plan + del Cabanyal, con el propósito de frenar la degradación causada por la paralización de la prolongación de Blasco Ibáñez desde abril de 2010. En este periodo, se han detectado 35 casos de enganches ilegales a la red eléctrica, lo que sumado al ejercicio anterior arroja un total de 95 inmuebles en la misma situación.

Es la constatación del elevado índice de ocupaciones de viviendas, en su mayor parte en una situación casi ruinosa y sin ningún tipo de salubridad. La empresa Plan Cabanyal es propietaria de medio millar de inmuebles, muchos ya derribados y donde permanecen las parcelas, aunque sólo puede hacer obras de conservación de las casas, sin ningún tipo de intervención añadida.

Es la consecuencia de la paralización dictada por la orden del Ministerio de Cultura, que considera los derribos como un expolio a los valores patrimoniales del Cabanyal. El Plan + fue la respuesta del ayuntamiento a las quejas vecinales por la degradación creciente de la zona.

Con un modelo similar a lo que se hizo en Ruzafa unos años antes, se trató de buscar la colaboración de la Policía Nacional y «atacar» el problema en varios frente. Primero los que se refieren a la seguridad ciudadana, los más urgentes. Mientras que el primer año se realizaron 383 controles a otros tantos vehículos, este año se han hecho sólo 31.

Una comparación engañosa, dado que el número de identificaciones sigue la misma cadencia. Mientras que en 2013 fueron 704 personas, en el arranque de este año ya van 215 casos. Y en cuanto a los casos de absentismo escolar, en cinco meses se han controlado una decena de niños para que acudan a clase.

Esto último persigue frenar la marginalidad. Las diligencias por usurpación de inmuebles suman 33 casas en año y medio. La empresa pública que acomete el plan, propietaria de parte de las casas ocupadas ilegalmente, acude a los juzgados para denunciar estas ocupaciones, aunque la estrategia se volvería en su contra si se alcanza un pacto entre el Gobierno y el ayuntamiento para proseguir con los derribos. Esto se debe a que el procedimiento judicial suspende la licencia de obras.

Otros signos de la degradación del barrio que tiene su equivalencia en el Plan + son las ocho retiradas de enseres de otros tantos solares, así como los nueve desalojos y posteriores tapiados de los inmuebles.

Algo que sí ha bajado son las infracciones de la ordenanza de limpieza, que el pasado año ascendieron a 14 casos, mientras que este ejercicio no se ha producido ninguno. Parece, al menos en este aspecto, que se ha conseguido erradicar los vertederos ilegales que proliferaban en solares y en la misma calles, donde personas que se dedican a rebuscar en contenedores de basura acumulaban desperdicios.

El Plan + seguirá al menos hasta que se reanuden las obras. La intención del consistorio es no cambiar nada del plan urbanístico, retomando los derribos donde se realizaron los últimos, es decir, en la calle San Pedro. Estos inmuebles se sitúan fuera de la zona protegida con la declaración de Bien de Interés Cultural, por lo que sería una intervención menos complicada desde el punto de vista legal, en caso de que haya recursos en contra de los derribos promovidos por el consistorio.

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