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El ayuntamiento espera desde 2011 algunas resoluciones judiciales para pedir a la policía el desalojo de las ocupaciones ilegales

Okupas e indigentes se adueñan de más de un centenar de casas del Cabanyal

2014-05-14Publicat per:
El hallazgo de un arsenal para la lucha callejera en el número 91 de la calle Pavía, en el barrio del Cabanyal y antes del derribo del edificio, ha devuelto a la actualidad el grave problema de las ocupaciones ilegales que sufre esta parte del Marítimo, debido a la paralización del plan urbanístico desde abril de 2010. Más de un centenar de inmuebles están en dicha situación, debido a grupos de okupas y de familias sin recursos.

Así lo adelantaron ayer fuentes cercanas al gobierno municipal, al indicar que la sociedad Plan Cabanyal, encargada de la gestión de proyecto bloqueado, contabiliza más de 70 casos de otras tantas viviendas y locales de propiedad pública, además de un número elevado de inmuebles privados que «puede llevar la cifra hasta los 120 casos». La información de este último lote sale de los propios vecinos, cuando ofrecen los pisos en venta e indican la situación de todo el edificio.

Ante esta lacra, los técnicos distinguen dos maneras de actuar ante los ocupantes ilegales antes de presentar una denuncia en el juzgado. Algunas son, indican, de «entrar y salir, de poco tiempo», por lo que deciden no tramitar la petición de desalojo.

Otras, por el contrario, tienen toda la pinta de que serán a largo plazo, lo que determinan en base a la experiencia de años y la información que reciben de los residentes del entorno. Entonces sí que presentan una denuncia judicial. A partir de ahí llega otro problema: los plazos enormes para lograr el desalojo y tapiar de nuevo puertas y ventanas en toda la propiedad.

La empresa tiene alrededor de 25 casos pendientes en los tribunales, cuatro de ellos presentados en 2011, un año después de la paralización del plan. La lentitud en las resoluciones es exasperante y condiciona mucho el proceso y el mantenimiento de las fincas en buenas condiciones.

Las denuncias sólo se presentan desde hace cuatro años. Antes, la esperanza era conseguir la licencia de derribo y ejecutarla, pero esa expectativa se ha evaporado desde el bloqueo del Ministerio de Cultura a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Se da la circunstancia de que si hoy mismo se diera solución al conflicto urbanístico a favor del consistorio, los 25 inmuebles donde se ha pedido el desalojo al juzgado no podrían derribarse, al menos hasta conseguir el permiso del juez.

La convivencia entre los okupas y los vecinos es complicada. «Son gente complicada, suelen llevar los perros sueltos y a veces tenemos que advertirles de eso», indicó una de las residentes.

Sobre las zonas más afectadas, la calle San Pedro es una de las de mayor índice de ocupaciones ilegales, en su mayor parte familias sin recursos de etnia gitana. También están los llamados Bloques Portuarios, en el extremo este de la prevista prolongación de Blasco Ibáñez.

El registro previo a la demolición de la calle de la calle Pavía (con fachada al 110 de Eugenia Viñes) sirvió para encontrar petardos manipulados para que hagan más ruido y daño, así como pancartas preparadas para las manifestaciones y una veintena de escudos de plástico duro para enfrentarse a las unidades antidisturbios de la policía.

Otra de las armas halladas en la casa de los okupas fueron pinchos de hierro, varillas utilizadas en los cimientos de obra, pero modificadas para dejar un extremo con una punta afilada. Debían servir para colocarlas en la parte inferior de los escudos y dificultar así la acción de los agentes.

El edificio, como informó ayer LAS PROVINCIAS, fue demolido por la contrata municipal tras el desplome de la primera planta. Pese a los requerimientos realizados a la propiedad, no se obtuvo respuesta y la antigua calderería acabó siendo derribada por el consistorio. La concejalía pasará al cobro la factura de las obras, en una parcela fuera del límite del plan del Cabanyal.

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