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¿Quién desobedece la ley en El Cabanyal?

2014-04-07Publicat per:
A ver si nos aclaramos. Alguien tendrá que responsabilizarse de la degradación de El Cabanyal, uno de los barrios valencianos que ostenta el calificativo de Conjunto Histórico.

Es que no hace falta entrar en la discusión de PEPRI sí o no, ni de por qué no se acatan las sentencias. Como tampoco es defendible la tendencia de los votos electorales municipales del barrio como argumento que justifique una actuación irresponsable. Porque la ley es la ley.

Vamos por partes. ¿Está declarado el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França como Conjunto Histórico? ¿Están las instituciones obligadas a conservar y evitar la degradación de los conjuntos históricos? ¿Pagan sus impuestos los ciudadanos del barrio?

Si la respuesta es afirmativa a todas estas respuestas, no hay duda. La paulatina degradación de El Cabanyal es denunciable, al margen de las intenciones político-urbanísticas del Ayuntamiento de Valencia.

Con el tiempo, se pondrán de acuerdo o no las plataformas del barrio y las instituciones en aplicar o abandonar el plan de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, que contempla la destrucción de más de 1.000 viviendas, en la actualidad protegidas por la ley.

Pero mientras tanto, consentir que El Cabanyal muera por abandono y desprecio político no es de recibo ni tampoco una decisión correcta.

Como tampoco lo es incumplir las sentencias amparándose en los citados votos electorales favorables. Una costumbre bananera, propia de las dictaduras, que solo demuestra una manera de gobernar antidemocrática e ilegal. En el estado de derecho, no se contempla que los votos sustituyan ni subviertan las decisiones legales.

Así que cada cosa a su tiempo. El asunto se acabará arreglando en beneficio de cualquiera de las partes, pero mientras tanto las instituciones tienen la obligación de demostrar que gestionan bajo los principios de justicia y de respeto a las normas que ellas mismas han dictado.

De lo contrario, las instituciones transmiten a los ciudadanos que las pataletas de los políticos están por encima de las reclamaciones legales y legítimas de los ciudadanos. Y eso no es aceptable.


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