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El consistorio traslada los gastos a los propietarios del inmueble, que hicieron caso omiso a la petición municipal de demolición por ruina

El ayuntamiento reclama 22.000 euros por el derribo de una finca en el Cabanyal

2014-02-17Publicat per:
La situación de degradación del barrio del Cabanyal ha vuelto a quedar patente en un edicto del Ayuntamiento de Valencia, ya que el consistorio ha reclamado a los dueños de un inmueble los 22.077,56 euros que costó el derribo del mismo.
La petición se realiza porque el edificio estaba en situación «de amenaza de ruina inminente», según recoge el edicto, y a pesar de las resoluciones emitidas por el ayuntamiento instando a los propietarios a ejecutar las obras, éstos hicieron caso omiso del requermiento.
El inmueble se encuentra ubicado entre las calles Ángeles y Cura Planelles, en concreto, en los números 65 y 3, respectivamente. Se sitúan, además, enfrente de otros edificios que están afectados por el plan para la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Así se recoge en un edicto publicado por el Ayuntamiento, a través del área de Urbanismo y del servicio de Disciplina Urbanística y de la sección administrativa de Ruinas, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para dar a conocer la audiencia previa a la repercusión de gastos a la propiedad de estos trabajos. Se hace público, además, después de no haber podido practicar por otros medios la notificación a los dueños de este inmueble.

El consistorio explica en este anuncio que en mayo de 2010 esta vivienda se declaró en situación de amenaza de ruina inminente y que se ordenó a la propiedad su demolición controlada «por el peligro real que representaba su permanencia en pie», según el texto del edicto.

Asimismo, señala que «ante la inacción de la propiedad» en julio de ese mismo año se encargó el derribo, en ejercicio de la ejecución subsidiaria del mismo, a la contrata municipal de obras Secopsa Construcción S.A. (Secopsa) y a la contrata municipal de consultoría y asistencia técnica Arquitectura, Rehabilitación y Gestión, S.L. (ARG) «por ser necesaria la prevención de la seguridad ciudadana».

Una vez efectuada la demolición por parte de estas dos contratas, el ayuntamiento reclama ahora a la propiedad del edificio los costes de la demolición: un total de 22.077,56 euros. En concreto, 1.958,41 euros por parte de ARG (correspondientes a la asistencia técnica) y 20.119,15 euros por parte de Secopsa (las obras).

Tras esta notificación, el consistorio da a los interesados un plazo de quince días para que aleguen por escrito lo que tengan por conveniente, como indica también el edicto publicado en el BOP.

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