AGOTADAS LAS VÍAS PATRIMONIALES Y JUDICIALES
Ante la noticia filtrada desde el Ayuntamiento sobre el llamado “desbloqueo” del conflicto del Cabanyal, desde la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar, queremos manifestar lo siguiente:
La alcaldesa de la ciudad de Valencia, doña Rita Barberá, hace tiempo que agoto la vía patrimonial para tratar de dar una salida honrosa al conflicto que viene manteniendo con el Cabanyal. La última sentencia que perdió en la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial y la contundencia con que fue dictada, apuntaba que también la vía judicial la había agotado. Al parecer la Sala del Supremo, reunida la semana pasada para dictar sentencia sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento, podría haber marcado el desenlace final de ese recorrido, sin que se admitan más recursos. Las confusas noticias que nos ha llegado a través de los medios, tienen el mismo “tufillo” que la que se produjo con motivo de la retirada del recurso de inconstitucionalidad. El ministerio trató de evitar un nuevo varapalo para el ayuntamiento, pero ahora parece que no han llegado a tiempo de evitarlo, aparte de que en esta ocasión no estaba solo la Abogacía del Estado en el banquillo de delante, también lo está la Plataforma Salvem el Cabanyal. Al Ayuntamiento solo le quedaba un margen político para salir honrosamente de este conflicto, necesitado de eliminar todas las determinaciones del Pepri que producen el expolio del Cabanyal, y sin duda no han sido “capaces” de hacerlo. Pretender que con bajar las alturas de 5 a 3 y con hacer unos metros más estrecha la prolongación, la cosa podría “colar”, significa que quien le ha aconsejado a la alcaldesa en ese terreno, no ha entendido nada. El expolio continua siendo el mismo, aunque no se levante ni un solo edificio, pero se continúen derribando más de un millar de viviendas, muchas de ellas protegidas, y se mantenga una prolongación ajena y agresiva con la trama protegida del Cabanyal. No han sido capaces de hacerlo, porque eso hubiera sido reconocer su derrota, frente a la defensa que hemos venido realizando quienes hemos venido defendiendo las tesis, que desde que se aprobó la Orden del Ministerio de Cultura, también comparte el gobierno de España. Salir ahora con la posibilidad del levantamiento de licencias, sin que la legalidad de la orden Ministerial haya cambiado nada, es tanto como reconocer que hasta el momento se ha venido utilizando como arma arrojadiza, como un instrumento de presión política contra quienes defendemos la ilegalidad del PEPRI. Lo único que demuestra es que conoce la sentencia y sabe que no le es favorable. Cada vez se hace más patente la necesidad de un cambio en esta ciudad que ponga fin a esa forma de gobernar y entender la política que la Sra. Barberá representa como nadie, que no conoce de la transparencia y que utiliza de todo tipo de subterfugios, para salirse con la suya. Al parecer todas las instituciones lo están entendiendo, todas, menos el ayuntamiento de Valencia.
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