(Castellano) Seguir comprando casas para derribarlas: una decisión que a día de hoy nos parece inmoral y de dudosa legalidad

Habiendo tenido conocimiento de la nueva adquisición de diversas casas del Cabanyal por parte del Ayuntamiento de Valencia, todas ellas situadas en la calle San Pedro, con la única intención de proceder a su derribo para ejecutar el denominado bulevar San Pedro, desde la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar queremos manifestar lo siguiente:

– No solo nos parece un escándalo que el ayuntamiento siga empecinado en llevar adelante un plan que a todas luces es ilegal, tal como han sancionado diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Sentencias que el ayuntamiento ha ido recurriendo y perdiendo una tras otra y de las que tan solo queda la resolución del recurso que ha presentado frente al Supremo, de la última sentencia dictada en su contra por la Audiencia Nacional.

– Nos parece un escándalo que roza la inmoralidad por el hecho de que mientras se obceca en mantener suspendidas cautelarmente las licencias que solicitan los vecinos y empresarios del Cabanyal, con el consiguiente perjuicio económico y patrimonial, con el argumento de que no pueden concederse pues supondrían la ejecución del PEPRI. Un plan que el Ayuntamiento entiende suspendido en su totalidad, al mismo tiempo que dedica el escaso presupuesto municipal para comprar casas cuya única finalidad es derribarlas para ejecutar dicho plan; casas que el día siguiente de ser adquiridas se convierten en auténticos polvorines y focos de degradación de su entorno.

– Casas, en muchos casos protegidas por el PGOU, que no solo entran en un proceso casi irreversible de “putrefacción”, en las que se practican toda suerte de trampas mortales para su subsistencia, dejando abiertas sus ventanas y practicando huecos en sus tejados para que penetre la lluvia, derribando su interior, etc; sino que además la multitud de problemas de degradación que las atenaza, se transmite a las de sus vecinos que aún mantienen en manos privadas, con el consiguiente perjuicio para sus propietarios. Lo peor que le puede pasar en estos momentos a una comunidad de propietarios del Cabanyal, es contar entre sus viviendas con una propiedad pública (Ayuntamiento, Aumsa, Plan Cabanyal-Canyamelar) que se resiste a pagar los gastos de escalera y contribuir al mantenimiento del edificio.

– Pero si algo roza el colmo de la inmoralidad es que el Ayuntamiento se acoja al artículo 20 de la Ley del IVA para dejar de pagar dicho impuesto en estas trasmisiones, con el argumento de que se trata de solares con destino a vial. Hay que recordarle al Ayuntamiento que ese destino tan solo lo prevé un plan, el PEPRI, que está suspendido únicamente en esas operaciones que producen expolio, como estos “deseados” derribos municipales. Una suspensión que en este caso no es cautelar, sino definitiva, por una Orden Ministerial que el Ayuntamiento está incumpliendo a día de hoy, por más que esté pendiente la resolución del que será el último recurso.

– Mientras todo esto pasa, habría que recordarle a D. Alfonso Grau, que parece haber olvidado su compromiso de convocar una reunión para realizar un seguimiento de denominado PLAN + CABANYAL, con UNITS PEL CABANYAL, un colectivo al que parece haber perdido todo su respeto y reconocimiento inicial.Habiendo tenido conocimiento de la nueva adquisición de diversas casas del Cabanyal por parte del Ayuntamiento de Valencia, todas ellas situadas en la calle San Pedro, con la única intención de proceder a su derribo para ejecutar el denominado bulevar San Pedro, desde la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar queremos manifestar lo siguiente:

– No solo nos parece un escándalo que el ayuntamiento siga empecinado en llevar adelante un plan que a todas luces es ilegal, tal como han sancionado diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Sentencias que el ayuntamiento ha ido recurriendo y perdiendo una tras otra y de las que tan solo queda la resolución del recurso que ha presentado frente al Supremo, de la última sentencia dictada en su contra por la Audiencia Nacional.

– Nos parece un escándalo que roza la inmoralidad por el hecho de que mientras se obceca en mantener suspendidas cautelarmente las licencias que solicitan los vecinos y empresarios del Cabanyal, con el consiguiente perjuicio económico y patrimonial, con el argumento de que no pueden concederse pues supondrían la ejecución del PEPRI. Un plan que el Ayuntamiento entiende suspendido en su totalidad, al mismo tiempo que dedica el escaso presupuesto municipal para comprar casas cuya única finalidad es derribarlas para ejecutar dicho plan; casas que el día siguiente de ser adquiridas se convierten en auténticos polvorines y focos de degradación de su entorno.

– Casas, en muchos casos protegidas por el PGOU, que no solo entran en un proceso casi irreversible de “putrefacción”, en las que se practican toda suerte de trampas mortales para su subsistencia, dejando abiertas sus ventanas y practicando huecos en sus tejados para que penetre la lluvia, derribando su interior, etc; sino que además la multitud de problemas de degradación que las atenaza, se transmite a las de sus vecinos que aún mantienen en manos privadas, con el consiguiente perjuicio para sus propietarios. Lo peor que le puede pasar en estos momentos a una comunidad de propietarios del Cabanyal, es contar entre sus viviendas con una propiedad pública (Ayuntamiento, Aumsa, Plan Cabanyal-Canyamelar) que se resiste a pagar los gastos de escalera y contribuir al mantenimiento del edificio.

– Pero si algo roza el colmo de la inmoralidad es que el Ayuntamiento se acoja al artículo 20 de la Ley del IVA para dejar de pagar dicho impuesto en estas trasmisiones, con el argumento de que se trata de solares con destino a vial. Hay que recordarle al Ayuntamiento que ese destino tan solo lo prevé un plan, el PEPRI, que está suspendido únicamente en esas operaciones que producen expolio, como estos “deseados” derribos municipales. Una suspensión que en este caso no es cautelar, sino definitiva, por una Orden Ministerial que el Ayuntamiento está incumpliendo a día de hoy, por más que esté pendiente la resolución del que será el último recurso.

– Mientras todo esto pasa, habría que recordarle a D. Alfonso Grau, que parece haber olvidado su compromiso de convocar una reunión para realizar un seguimiento de denominado PLAN + CABANYAL, con UNITS PEL CABANYAL, un colectivo al que parece haber perdido todo su respeto y reconocimiento inicial.