Delegació del Govern traeix al Cabanyal i ignora l’ordre de Cultura (l’Informatiu)

Tras mucho rato resistiendo en la trinchera, los combatientes vimos esperanzados cómo las fuerzas aliadas se acercaban a nuestras posiciones. Pero para nuestra sorpresa, cuando abrieron fuego, lo hicieron contra nosotros”. Este símil bélico, apuntado por un miembro de Salvem el Cabanyal, resume bien a las claras lo que ayer sentirían muchos vecinos del barrio y muchos valencianos esperanzados tras la última sentencia del Tribunal Supremo y la orden del Ministerio de Cultura de paralizar el PEPRI que pretende acabar con este patrimonio histórico de la ciudad. Y lo sentirían al ver cómo, en su intento por defender la legalidad frente al empleo de la fuerza de las autoridades locales, los cuerpos de seguridad del Estado, en lugar de velar por el cumplimiento de la ley, se posicionaban en su contra.Tras mucho rato resistiendo en la trinchera, los combatientes vimos esperanzados cómo las fuerzas aliadas se acercaban a nuestras posiciones. Pero para nuestra sorpresa, cuando abrieron fuego, lo hicieron contra nosotros”. Este símil bélico, apuntado por un miembro de Salvem el Cabanyal, resume bien a las claras lo que ayer sentirían muchos vecinos del barrio y muchos valencianos esperanzados tras la última sentencia del Tribunal Supremo y la orden del Ministerio de Cultura de paralizar el PEPRI que pretende acabar con este patrimonio histórico de la ciudad. Y lo sentirían al ver cómo, en su intento por defender la legalidad frente al empleo de la fuerza de las autoridades locales, los cuerpos de seguridad del Estado, en lugar de velar por el cumplimiento de la ley, se posicionaban en su contra.Tras mucho rato resistiendo en la trinchera, los combatientes vimos esperanzados cómo las fuerzas aliadas se acercaban a nuestras posiciones. Pero para nuestra sorpresa, cuando abrieron fuego, lo hicieron contra nosotros”. Este símil bélico, apuntado por un miembro de Salvem el Cabanyal, resume bien a las claras lo que ayer sentirían muchos vecinos del barrio y muchos valencianos esperanzados tras la última sentencia del Tribunal Supremo y la orden del Ministerio de Cultura de paralizar el PEPRI que pretende acabar con este patrimonio histórico de la ciudad. Y lo sentirían al ver cómo, en su intento por defender la legalidad frente al empleo de la fuerza de las autoridades locales, los cuerpos de seguridad del Estado, en lugar de velar por el cumplimiento de la ley, se posicionaban en su contra.

Eso es lo que en resumidas cuentas sucedió ayer por la mañana en el barrio marinero del Cabanyal, en el que cerca de un centenar de personas, entre las que se encontraba una decena de políticos de la oposición (y ante la presencia de decenas de periodistas), fueron arrastradas y golpeadas por las fuerzas de seguridad -locales y nacionales- por intentar defender pacíficamente la legalidad vigente. Todo empezó bien temprano, apenas superadas las siete de la mañana, cuando operarios la empresa Secopsa, acompañados de cuerpos de la Policía Local, irrumpían en la calle San Pere para proceder al derribo del inmueble ubicado en el número 29. Los vecinos, que sospechaban que esto sucedería desde la noche anterior (al detectar los movimientos previos habituales a estas acciones), se abrazaron a su fachada y así resistieron durante un tiempo los intentos de la Policía Local de facilitar el expolio prohibido por orden ministerial.

Fue poco más tarde, a las ocho y cuarto, cuando los ciudadanos observaron esperanzados la llegada de la Policía Nacional, que la semana anterior había velado por el cumplimiento de la legalidad. Esta vez, sin embargo, no llegaba con esa intención, pues de inmediato los agentes dependientes de la Delegación del Gobierno no dudaron en emplear la fuerza sobre los vecinos para acabar con su defensa pacífica del bien arquitectónico. La estupefacción ante esta actuación de los cuerpos del Ministerio del Interior contra ciudadanos indefensos, y facilitando una acción en contra de la orden del Ministerio de Cultura, se tradujo rápidamente en un llamamiento a la ciudadanía y a las fuerzas políticas de la oposición. Así, poco más de una hora después, eran ya más de un centenar los ciudadanos apostados frente al inmueble número 33 de la calle Vidal de Canyelles, propiedad del Ayuntamiento, señalado como el siguiente en ser expoliado. Junto a ellos, también se daban cita ya numerosos políticos, entre los que destacaban Marga Sanz y Mónica Oltra, líderes de EU e Iniciativa en les Corts, el regidor de urbanismo socialista en Ayuntamiento Vicente González Móstoles o el líder de los socialistas locales, Salvador Broseta. Y también, decenas de periodistas. Arrastrar a los vecinos, acometer el expolio con la misma impunidad que a primera hora de la mañana, iba a resultar ahora más difícil.

Grau orquesta el primer ataque

La mañana iba avanzando bajo la atenta mirada de decenas de policías locales apostados en los dos extremos de la calle Vidal de Canyelles, observados con pasividad e incluso alguna sonrisa de complicidad por sus colegas de la Policía Nacional. Mientras, los periodistas obtenían las primeras impresiones de lo sucedido por parte de los políticos congregados para respaldar la pacífica respuesta ciudadana al expolio. De “insólita” calificaba Mónica Oltra la actuación de la Nacional, posicionándose “en contra de la legalidad y del lado de los terroristas del ladrillo”. En términos similares se manifestaba Marga Sanz, que tildaba la actuación de los agentes de Ricardo Peralta de “incomprensible”, además de añadir que esta actitud se sumaba a la pasividad mostrada por los mismos cuerpos desde que el Ministerio de Cultura paralizó el PEPRI, y que no se ha traducido en una mayor presión policial sobre la delincuencia del barrio, ni en ninguna “medida para invertir la situación de inseguridad”.

En esas estábamos, con los vecinos a su vez acordonando la bella fachada del inmueble que trataba de derribar el Ayuntamiento, cuando tras unos comunicados por línea interna de la Policía Local, irrumpía por un extremo de la calle el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau. Los periodistas abandonaron su posición frente a la fachada del inmueble para realizarle unas preguntas. ¿Viene a supervisar el expolio o a detenerlo? “Yo no vengo ni a supervisar, ni a derribar. Yo vengo a cumplir la legalidad. Y además a denunciar la presencia entre los manifestantes del concejal González Móstoles que votó en el Ayuntamiento a favor de los derribos…” mentía el concejal de Grandes Proyectos, cuando desde el centro de la calle se escuchaban los primeros gritos: la llegada de Grau y la salida de los periodistas a su encuentro al extremo de la calle, había dejado vía libre a la Policía Local para tratar de arrancar sin la presencia de las cámaras a los vecinos que protegían el inmueble.

Por desgracia para las fuerzas de seguridad locales, sus agresiones tenían más valor que las palabras del concejal, por lo que la estratagema no surtió efecto. Y en breves segundos, vecinos, políticos y ciudadanos rodeaban de nuevo el inmueble, al que se acercó Grau para interpelar a los presentes. Allí prometió a una anciana afectada por las expropiaciones, un piso en propiedad en sustitución del suyo que nunca le han ofrecido por escrito ni a ella ni al resto de afectados; y también encontró tiempo para encararse tanto con el portavoz de Salvem el Cabanyal,Faustino Villora, como con el socialista Móstoles, al que acusó de nuevo de haber votado en pleno del Ayuntamiento a favor de derribos como el que se pretendía ejecutar. En este sentido cabe señalar que PP y PSOE votaron a favor de que no se llevara a cabo ningún derribo en la zona BIC, lo que no implicaba en ningún caso estar a favor de otros derribos planeados en el PEPRI, como el que se trataba de impedir, y que también paralizaba la orden ministerial de rango superior.

La policía puso la violencia

La primera intentona no había surtido efecto, y tras ella Grau abandonó la escena, pero a partir de entonces las normas cambiaron. A la espera de la resolución por parte de un tribunal, a la demanda solicitada por Salvem El Cabanyal de una medida cautelarísima para interrumpir los derribos de forma inmediata, los cuerpos de la Policía Local acordonaron los dos extremos de la calle en la que se ubicaba el inmueble, impidiendo la libre circulación de las personas y dejando salir a los presentes pero no entrar de nuevo en la zona. “Nos lo ordenan para evitar que nadie se lesione ante un inminente derribo” nos comentaba un miembro de la Policía Local, pero lo que resultaba evidente es que se perseguía reducir el número de ciudadanos para defender el inmueble. Y no solo eso, como si de un estado de sitio se tratara, se empezó a impedir la entrada de periodistas para cubrir lo sucedido, interrumpiendo así, las fuerzas dirigidas por el popularista Miguel Domínguez, el derecho de información recogido en la Constitución.

Parecía no suceder nada, pero la tensión iba en aumento, y aproximadamente a la una llegó a su punto álgido, cuando el policía local al mando se dirigió a Salvador Broseta y al resto de políticos presentes solicitándoles su salida del recinto, porque iban a empezar a desalojar a los vecinos. La juez encargada del asunto, Gema Castelló García, descartaba tomar una suspensión cautelarísima, sino una cautelar, dejando las manos libres al Ayuntamiento durante diez días para hacer lo que viniera en gana (siempre que Delegación del Gobierno, como sucedió ayer, lo permita). Los políticos se negaron y se abrazaron al resto de vecinos para tratar de impedir el desalojo que precedería al expolio. Y entonces, con la ayuda de los cuerpos de la Policía Nacional, que les sustituyeron en el cierre de las entradas a las calles, los policías locales comenzaron a arrancar a la fuerza el abrazo ciudadano. Oltra fue una de las primeras en ser arrancadas y a resultas de ello una de las más perjudicadas, pues los policías no midieron bien su resistencia; y, tras arrastrarla de las piernas, cayó de espaldas golpeándose la cabeza en el suelo, donde recibió, junto a otra persona, las patadas que propinó uno de los policías presentes, de las que fue testigo este periodista.

El susto entre víctimas y agresores fue tan grande que Oltra, ayudada por vecinos y compañeros de otros partidos, pudo recuperar la posición, pero a los pocos instantes las fuerzas de seguridad locales comenzaron más ordenadamente el desalojo, arrastrando por la fuerza tanto a los políticos -como Sanz, Móstoles,Amadeu Sanchis, Broseta, Lluís Torró o la misma Oltra- como a los ciudadanos, hasta que frente a la fachada no quedó nadie. Marga Sanz denunciaría por la tarde la agresión sufrida a manos de los agentes. Mónica Oltra anunció que lo haría hoy. Fueron momentos cargados de tensión y violencia por parte de las fuerzas de seguridad; y quizás eso fue lo que, cuando solo quedaban periodistas dentro del perímetro, contagió a la Policía Nacional, que a un empujón del cada vez más voluminoso número de manifestantes pacíficos en la bocacalle que ahora ellos defendían, respondieron empleándose con una dureza desproporcionada.

Delegación del Gobierno no responde

La Policía Nacional, de la que se esperaba la defensa de la legalidad, acabó la mañana amparando el acto de expolio y agrediendo a los vecinos. A lo largo de toda la jornada, l’Informatiu trató de contactar sin éxito con Delegación del Gobierno en la Comunitat para que justificara el comportamiento de sus fuerzas de seguridad, pero solo recibió como respuesta un escueto comunicado escrito. En él se indicaba que desde Delegación del Gobierno “se han cursado instrucciones a la Abogacía del Estado para que con carácter inmediato y como medida cautelarísima, se solicite del Juzgado la suspensión de todo tipo de derribos en el barrio de El Cabanyal”, para añadir que “ante la evidente actuación del Ayuntamiento de Valencia en contra de dicha orden es por lo que desde la Delegación del Gobierno se adopta la decisión de recurrir a los tribunales, porque es así como se actúa en un estado de derecho”.

No obstante, la Policía Nacional sí que actuó de otro modo en la mañana de ayer. Cuando la plaza ya parecía ganada, dos jóvenes de estética antisistema consiguieron encaramarse al tejado del inmueble que ya se disponía a derruir una enorme grúa. Y desde allí entorpecieron durante al menos media hora más la ejecución del expolio. Allí arrancaron algunas de las flores que crecían entre las tejas y las lanzaron a los policías, a los que recibieron fundidos en un abrazo protector, antes de ser arrancados a la fuerza del tejado, bajados en una grúa, y -según declaraciones de vecinos que observaban la escena desde sus balcones- golpeados mientras eran conducidos a vehículos policiales por las fuerzas de la Policía Nacional. Ese, el de las flores y el abrazo frente a las porras y la fuerza, fue otro buen símil para definir la mañana de ayer. Pocas veces dos jóvenes antisistema, siempre próximos al movimiento vecinal, pero también en muchas ocasiones perjudicando su imagen, habían representado tan bien todo lo sucedido en el barrio y la ciudad. Su estampa sobre el tejado, ayer, fue la más bella. Al cierre de esta edición, ambos jóvenes permanecían detenidos e incomunicados.

Eso es lo que en resumidas cuentas sucedió ayer por la mañana en el barrio marinero del Cabanyal, en el que cerca de un centenar de personas, entre las que se encontraba una decena de políticos de la oposición (y ante la presencia de decenas de periodistas), fueron arrastradas y golpeadas por las fuerzas de seguridad -locales y nacionales- por intentar defender pacíficamente la legalidad vigente. Todo empezó bien temprano, apenas superadas las siete de la mañana, cuando operarios la empresa Secopsa, acompañados de cuerpos de la Policía Local, irrumpían en la calle San Pere para proceder al derribo del inmueble ubicado en el número 29. Los vecinos, que sospechaban que esto sucedería desde la noche anterior (al detectar los movimientos previos habituales a estas acciones), se abrazaron a su fachada y así resistieron durante un tiempo los intentos de la Policía Local de facilitar el expolio prohibido por orden ministerial.

Fue poco más tarde, a las ocho y cuarto, cuando los ciudadanos observaron esperanzados la llegada de la Policía Nacional, que la semana anterior había velado por el cumplimiento de la legalidad. Esta vez, sin embargo, no llegaba con esa intención, pues de inmediato los agentes dependientes de la Delegación del Gobierno no dudaron en emplear la fuerza sobre los vecinos para acabar con su defensa pacífica del bien arquitectónico. La estupefacción ante esta actuación de los cuerpos del Ministerio del Interior contra ciudadanos indefensos, y facilitando una acción en contra de la orden del Ministerio de Cultura, se tradujo rápidamente en un llamamiento a la ciudadanía y a las fuerzas políticas de la oposición. Así, poco más de una hora después, eran ya más de un centenar los ciudadanos apostados frente al inmueble número 33 de la calle Vidal de Canyelles, propiedad del Ayuntamiento, señalado como el siguiente en ser expoliado. Junto a ellos, también se daban cita ya numerosos políticos, entre los que destacaban Marga Sanz y Mónica Oltra, líderes de EU e Iniciativa en les Corts, el regidor de urbanismo socialista en Ayuntamiento Vicente González Móstoles o el líder de los socialistas locales, Salvador Broseta. Y también, decenas de periodistas. Arrastrar a los vecinos, acometer el expolio con la misma impunidad que a primera hora de la mañana, iba a resultar ahora más difícil.

Grau orquesta el primer ataque

La mañana iba avanzando bajo la atenta mirada de decenas de policías locales apostados en los dos extremos de la calle Vidal de Canyelles, observados con pasividad e incluso alguna sonrisa de complicidad por sus colegas de la Policía Nacional. Mientras, los periodistas obtenían las primeras impresiones de lo sucedido por parte de los políticos congregados para respaldar la pacífica respuesta ciudadana al expolio. De “insólita” calificaba Mónica Oltra la actuación de la Nacional, posicionándose “en contra de la legalidad y del lado de los terroristas del ladrillo”. En términos similares se manifestaba Marga Sanz, que tildaba la actuación de los agentes de Ricardo Peralta de “incomprensible”, además de añadir que esta actitud se sumaba a la pasividad mostrada por los mismos cuerpos desde que el Ministerio de Cultura paralizó el PEPRI, y que no se ha traducido en una mayor presión policial sobre la delincuencia del barrio, ni en ninguna “medida para invertir la situación de inseguridad”.

En esas estábamos, con los vecinos a su vez acordonando la bella fachada del inmueble que trataba de derribar el Ayuntamiento, cuando tras unos comunicados por línea interna de la Policía Local, irrumpía por un extremo de la calle el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau. Los periodistas abandonaron su posición frente a la fachada del inmueble para realizarle unas preguntas. ¿Viene a supervisar el expolio o a detenerlo? “Yo no vengo ni a supervisar, ni a derribar. Yo vengo a cumplir la legalidad. Y además a denunciar la presencia entre los manifestantes del concejal González Móstoles que votó en el Ayuntamiento a favor de los derribos…” mentía el concejal de Grandes Proyectos, cuando desde el centro de la calle se escuchaban los primeros gritos: la llegada de Grau y la salida de los periodistas a su encuentro al extremo de la calle, había dejado vía libre a la Policía Local para tratar de arrancar sin la presencia de las cámaras a los vecinos que protegían el inmueble.

Por desgracia para las fuerzas de seguridad locales, sus agresiones tenían más valor que las palabras del concejal, por lo que la estratagema no surtió efecto. Y en breves segundos, vecinos, políticos y ciudadanos rodeaban de nuevo el inmueble, al que se acercó Grau para interpelar a los presentes. Allí prometió a una anciana afectada por las expropiaciones, un piso en propiedad en sustitución del suyo que nunca le han ofrecido por escrito ni a ella ni al resto de afectados; y también encontró tiempo para encararse tanto con el portavoz de Salvem el Cabanyal,Faustino Villora, como con el socialista Móstoles, al que acusó de nuevo de haber votado en pleno del Ayuntamiento a favor de derribos como el que se pretendía ejecutar. En este sentido cabe señalar que PP y PSOE votaron a favor de que no se llevara a cabo ningún derribo en la zona BIC, lo que no implicaba en ningún caso estar a favor de otros derribos planeados en el PEPRI, como el que se trataba de impedir, y que también paralizaba la orden ministerial de rango superior.

La policía puso la violencia

La primera intentona no había surtido efecto, y tras ella Grau abandonó la escena, pero a partir de entonces las normas cambiaron. A la espera de la resolución por parte de un tribunal, a la demanda solicitada por Salvem El Cabanyal de una medida cautelarísima para interrumpir los derribos de forma inmediata, los cuerpos de la Policía Local acordonaron los dos extremos de la calle en la que se ubicaba el inmueble, impidiendo la libre circulación de las personas y dejando salir a los presentes pero no entrar de nuevo en la zona. “Nos lo ordenan para evitar que nadie se lesione ante un inminente derribo” nos comentaba un miembro de la Policía Local, pero lo que resultaba evidente es que se perseguía reducir el número de ciudadanos para defender el inmueble. Y no solo eso, como si de un estado de sitio se tratara, se empezó a impedir la entrada de periodistas para cubrir lo sucedido, interrumpiendo así, las fuerzas dirigidas por el popularista Miguel Domínguez, el derecho de información recogido en la Constitución.

Parecía no suceder nada, pero la tensión iba en aumento, y aproximadamente a la una llegó a su punto álgido, cuando el policía local al mando se dirigió a Salvador Broseta y al resto de políticos presentes solicitándoles su salida del recinto, porque iban a empezar a desalojar a los vecinos. La juez encargada del asunto, Gema Castelló García, descartaba tomar una suspensión cautelarísima, sino una cautelar, dejando las manos libres al Ayuntamiento durante diez días para hacer lo que viniera en gana (siempre que Delegación del Gobierno, como sucedió ayer, lo permita). Los políticos se negaron y se abrazaron al resto de vecinos para tratar de impedir el desalojo que precedería al expolio. Y entonces, con la ayuda de los cuerpos de la Policía Nacional, que les sustituyeron en el cierre de las entradas a las calles, los policías locales comenzaron a arrancar a la fuerza el abrazo ciudadano. Oltra fue una de las primeras en ser arrancadas y a resultas de ello una de las más perjudicadas, pues los policías no midieron bien su resistencia; y, tras arrastrarla de las piernas, cayó de espaldas golpeándose la cabeza en el suelo, donde recibió, junto a otra persona, las patadas que propinó uno de los policías presentes, de las que fue testigo este periodista.

El susto entre víctimas y agresores fue tan grande que Oltra, ayudada por vecinos y compañeros de otros partidos, pudo recuperar la posición, pero a los pocos instantes las fuerzas de seguridad locales comenzaron más ordenadamente el desalojo, arrastrando por la fuerza tanto a los políticos -como Sanz, Móstoles,Amadeu Sanchis, Broseta, Lluís Torró o la misma Oltra- como a los ciudadanos, hasta que frente a la fachada no quedó nadie. Marga Sanz denunciaría por la tarde la agresión sufrida a manos de los agentes. Mónica Oltra anunció que lo haría hoy. Fueron momentos cargados de tensión y violencia por parte de las fuerzas de seguridad; y quizás eso fue lo que, cuando solo quedaban periodistas dentro del perímetro, contagió a la Policía Nacional, que a un empujón del cada vez más voluminoso número de manifestantes pacíficos en la bocacalle que ahora ellos defendían, respondieron empleándose con una dureza desproporcionada.

Delegación del Gobierno no responde

La Policía Nacional, de la que se esperaba la defensa de la legalidad, acabó la mañana amparando el acto de expolio y agrediendo a los vecinos. A lo largo de toda la jornada, l’Informatiu trató de contactar sin éxito con Delegación del Gobierno en la Comunitat para que justificara el comportamiento de sus fuerzas de seguridad, pero solo recibió como respuesta un escueto comunicado escrito. En él se indicaba que desde Delegación del Gobierno “se han cursado instrucciones a la Abogacía del Estado para que con carácter inmediato y como medida cautelarísima, se solicite del Juzgado la suspensión de todo tipo de derribos en el barrio de El Cabanyal”, para añadir que “ante la evidente actuación del Ayuntamiento de Valencia en contra de dicha orden es por lo que desde la Delegación del Gobierno se adopta la decisión de recurrir a los tribunales, porque es así como se actúa en un estado de derecho”.

No obstante, la Policía Nacional sí que actuó de otro modo en la mañana de ayer. Cuando la plaza ya parecía ganada, dos jóvenes de estética antisistema consiguieron encaramarse al tejado del inmueble que ya se disponía a derruir una enorme grúa. Y desde allí entorpecieron durante al menos media hora más la ejecución del expolio. Allí arrancaron algunas de las flores que crecían entre las tejas y las lanzaron a los policías, a los que recibieron fundidos en un abrazo protector, antes de ser arrancados a la fuerza del tejado, bajados en una grúa, y -según declaraciones de vecinos que observaban la escena desde sus balcones- golpeados mientras eran conducidos a vehículos policiales por las fuerzas de la Policía Nacional. Ese, el de las flores y el abrazo frente a las porras y la fuerza, fue otro buen símil para definir la mañana de ayer. Pocas veces dos jóvenes antisistema, siempre próximos al movimiento vecinal, pero también en muchas ocasiones perjudicando su imagen, habían representado tan bien todo lo sucedido en el barrio y la ciudad. Su estampa sobre el tejado, ayer, fue la más bella. Al cierre de esta edición, ambos jóvenes permanecían detenidos e incomunicados.

Eso es lo que en resumidas cuentas sucedió ayer por la mañana en el barrio marinero del Cabanyal, en el que cerca de un centenar de personas, entre las que se encontraba una decena de políticos de la oposición (y ante la presencia de decenas de periodistas), fueron arrastradas y golpeadas por las fuerzas de seguridad -locales y nacionales- por intentar defender pacíficamente la legalidad vigente. Todo empezó bien temprano, apenas superadas las siete de la mañana, cuando operarios la empresa Secopsa, acompañados de cuerpos de la Policía Local, irrumpían en la calle San Pere para proceder al derribo del inmueble ubicado en el número 29. Los vecinos, que sospechaban que esto sucedería desde la noche anterior (al detectar los movimientos previos habituales a estas acciones), se abrazaron a su fachada y así resistieron durante un tiempo los intentos de la Policía Local de facilitar el expolio prohibido por orden ministerial.

Fue poco más tarde, a las ocho y cuarto, cuando los ciudadanos observaron esperanzados la llegada de la Policía Nacional, que la semana anterior había velado por el cumplimiento de la legalidad. Esta vez, sin embargo, no llegaba con esa intención, pues de inmediato los agentes dependientes de la Delegación del Gobierno no dudaron en emplear la fuerza sobre los vecinos para acabar con su defensa pacífica del bien arquitectónico. La estupefacción ante esta actuación de los cuerpos del Ministerio del Interior contra ciudadanos indefensos, y facilitando una acción en contra de la orden del Ministerio de Cultura, se tradujo rápidamente en un llamamiento a la ciudadanía y a las fuerzas políticas de la oposición. Así, poco más de una hora después, eran ya más de un centenar los ciudadanos apostados frente al inmueble número 33 de la calle Vidal de Canyelles, propiedad del Ayuntamiento, señalado como el siguiente en ser expoliado. Junto a ellos, también se daban cita ya numerosos políticos, entre los que destacaban Marga Sanz y Mónica Oltra, líderes de EU e Iniciativa en les Corts, el regidor de urbanismo socialista en Ayuntamiento Vicente González Móstoles o el líder de los socialistas locales, Salvador Broseta. Y también, decenas de periodistas. Arrastrar a los vecinos, acometer el expolio con la misma impunidad que a primera hora de la mañana, iba a resultar ahora más difícil.

Grau orquesta el primer ataque

La mañana iba avanzando bajo la atenta mirada de decenas de policías locales apostados en los dos extremos de la calle Vidal de Canyelles, observados con pasividad e incluso alguna sonrisa de complicidad por sus colegas de la Policía Nacional. Mientras, los periodistas obtenían las primeras impresiones de lo sucedido por parte de los políticos congregados para respaldar la pacífica respuesta ciudadana al expolio. De “insólita” calificaba Mónica Oltra la actuación de la Nacional, posicionándose “en contra de la legalidad y del lado de los terroristas del ladrillo”. En términos similares se manifestaba Marga Sanz, que tildaba la actuación de los agentes de Ricardo Peralta de “incomprensible”, además de añadir que esta actitud se sumaba a la pasividad mostrada por los mismos cuerpos desde que el Ministerio de Cultura paralizó el PEPRI, y que no se ha traducido en una mayor presión policial sobre la delincuencia del barrio, ni en ninguna “medida para invertir la situación de inseguridad”.

En esas estábamos, con los vecinos a su vez acordonando la bella fachada del inmueble que trataba de derribar el Ayuntamiento, cuando tras unos comunicados por línea interna de la Policía Local, irrumpía por un extremo de la calle el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau. Los periodistas abandonaron su posición frente a la fachada del inmueble para realizarle unas preguntas. ¿Viene a supervisar el expolio o a detenerlo? “Yo no vengo ni a supervisar, ni a derribar. Yo vengo a cumplir la legalidad. Y además a denunciar la presencia entre los manifestantes del concejal González Móstoles que votó en el Ayuntamiento a favor de los derribos…” mentía el concejal de Grandes Proyectos, cuando desde el centro de la calle se escuchaban los primeros gritos: la llegada de Grau y la salida de los periodistas a su encuentro al extremo de la calle, había dejado vía libre a la Policía Local para tratar de arrancar sin la presencia de las cámaras a los vecinos que protegían el inmueble.

Por desgracia para las fuerzas de seguridad locales, sus agresiones tenían más valor que las palabras del concejal, por lo que la estratagema no surtió efecto. Y en breves segundos, vecinos, políticos y ciudadanos rodeaban de nuevo el inmueble, al que se acercó Grau para interpelar a los presentes. Allí prometió a una anciana afectada por las expropiaciones, un piso en propiedad en sustitución del suyo que nunca le han ofrecido por escrito ni a ella ni al resto de afectados; y también encontró tiempo para encararse tanto con el portavoz de Salvem el Cabanyal,Faustino Villora, como con el socialista Móstoles, al que acusó de nuevo de haber votado en pleno del Ayuntamiento a favor de derribos como el que se pretendía ejecutar. En este sentido cabe señalar que PP y PSOE votaron a favor de que no se llevara a cabo ningún derribo en la zona BIC, lo que no implicaba en ningún caso estar a favor de otros derribos planeados en el PEPRI, como el que se trataba de impedir, y que también paralizaba la orden ministerial de rango superior.

La policía puso la violencia

La primera intentona no había surtido efecto, y tras ella Grau abandonó la escena, pero a partir de entonces las normas cambiaron. A la espera de la resolución por parte de un tribunal, a la demanda solicitada por Salvem El Cabanyal de una medida cautelarísima para interrumpir los derribos de forma inmediata, los cuerpos de la Policía Local acordonaron los dos extremos de la calle en la que se ubicaba el inmueble, impidiendo la libre circulación de las personas y dejando salir a los presentes pero no entrar de nuevo en la zona. “Nos lo ordenan para evitar que nadie se lesione ante un inminente derribo” nos comentaba un miembro de la Policía Local, pero lo que resultaba evidente es que se perseguía reducir el número de ciudadanos para defender el inmueble. Y no solo eso, como si de un estado de sitio se tratara, se empezó a impedir la entrada de periodistas para cubrir lo sucedido, interrumpiendo así, las fuerzas dirigidas por el popularista Miguel Domínguez, el derecho de información recogido en la Constitución.

Parecía no suceder nada, pero la tensión iba en aumento, y aproximadamente a la una llegó a su punto álgido, cuando el policía local al mando se dirigió a Salvador Broseta y al resto de políticos presentes solicitándoles su salida del recinto, porque iban a empezar a desalojar a los vecinos. La juez encargada del asunto, Gema Castelló García, descartaba tomar una suspensión cautelarísima, sino una cautelar, dejando las manos libres al Ayuntamiento durante diez días para hacer lo que viniera en gana (siempre que Delegación del Gobierno, como sucedió ayer, lo permita). Los políticos se negaron y se abrazaron al resto de vecinos para tratar de impedir el desalojo que precedería al expolio. Y entonces, con la ayuda de los cuerpos de la Policía Nacional, que les sustituyeron en el cierre de las entradas a las calles, los policías locales comenzaron a arrancar a la fuerza el abrazo ciudadano. Oltra fue una de las primeras en ser arrancadas y a resultas de ello una de las más perjudicadas, pues los policías no midieron bien su resistencia; y, tras arrastrarla de las piernas, cayó de espaldas golpeándose la cabeza en el suelo, donde recibió, junto a otra persona, las patadas que propinó uno de los policías presentes, de las que fue testigo este periodista.

El susto entre víctimas y agresores fue tan grande que Oltra, ayudada por vecinos y compañeros de otros partidos, pudo recuperar la posición, pero a los pocos instantes las fuerzas de seguridad locales comenzaron más ordenadamente el desalojo, arrastrando por la fuerza tanto a los políticos -como Sanz, Móstoles,Amadeu Sanchis, Broseta, Lluís Torró o la misma Oltra- como a los ciudadanos, hasta que frente a la fachada no quedó nadie. Marga Sanz denunciaría por la tarde la agresión sufrida a manos de los agentes. Mónica Oltra anunció que lo haría hoy. Fueron momentos cargados de tensión y violencia por parte de las fuerzas de seguridad; y quizás eso fue lo que, cuando solo quedaban periodistas dentro del perímetro, contagió a la Policía Nacional, que a un empujón del cada vez más voluminoso número de manifestantes pacíficos en la bocacalle que ahora ellos defendían, respondieron empleándose con una dureza desproporcionada.

Delegación del Gobierno no responde

La Policía Nacional, de la que se esperaba la defensa de la legalidad, acabó la mañana amparando el acto de expolio y agrediendo a los vecinos. A lo largo de toda la jornada, l’Informatiu trató de contactar sin éxito con Delegación del Gobierno en la Comunitat para que justificara el comportamiento de sus fuerzas de seguridad, pero solo recibió como respuesta un escueto comunicado escrito. En él se indicaba que desde Delegación del Gobierno “se han cursado instrucciones a la Abogacía del Estado para que con carácter inmediato y como medida cautelarísima, se solicite del Juzgado la suspensión de todo tipo de derribos en el barrio de El Cabanyal”, para añadir que “ante la evidente actuación del Ayuntamiento de Valencia en contra de dicha orden es por lo que desde la Delegación del Gobierno se adopta la decisión de recurrir a los tribunales, porque es así como se actúa en un estado de derecho”.

No obstante, la Policía Nacional sí que actuó de otro modo en la mañana de ayer. Cuando la plaza ya parecía ganada, dos jóvenes de estética antisistema consiguieron encaramarse al tejado del inmueble que ya se disponía a derruir una enorme grúa. Y desde allí entorpecieron durante al menos media hora más la ejecución del expolio. Allí arrancaron algunas de las flores que crecían entre las tejas y las lanzaron a los policías, a los que recibieron fundidos en un abrazo protector, antes de ser arrancados a la fuerza del tejado, bajados en una grúa, y -según declaraciones de vecinos que observaban la escena desde sus balcones- golpeados mientras eran conducidos a vehículos policiales por las fuerzas de la Policía Nacional. Ese, el de las flores y el abrazo frente a las porras y la fuerza, fue otro buen símil para definir la mañana de ayer. Pocas veces dos jóvenes antisistema, siempre próximos al movimiento vecinal, pero también en muchas ocasiones perjudicando su imagen, habían representado tan bien todo lo sucedido en el barrio y la ciudad. Su estampa sobre el tejado, ayer, fue la más bella. Al cierre de esta edición, ambos jóvenes permanecían detenidos e incomunicados.