Llei, societat i urbanisme; a propòsit del pla del Cabanyal
JUAN LAGARDERA
Casi todos los historiadores de la contemporaneidad saben que fue en el arranque de la segunda mitad del siglo XIX cuando el segundo emperador bonapartista, Napoleón III, encomendó al barón Haussmann la ordenación de un nuevo París, y que este último con ayuda de dos leyes instrumentales -una de expropiaciones, aventajada de la controvertida LRAU valenciana, y otra de carácter higienista- planificó una nueva ciudad de anchos bulevares, una ciudad que acabó con los callejones medievales del centro de París, pegados a los centros administrativos del poder. En esos callejones vivían buena parte de los obreros y estudiantes que protagonizaron las barricadas revolucionarias de 1830 y 1848 -la primera, la del célebre cuadro de Delacroix que en nuestro MuVIM utilizan para ilustrar la Toma de la Bastilla de 1789-. Tanto el emperador como el urbanista tenían como objetivo acabar con aquel frenesí de levantamientos parisinos.
Ese y no otro es el origen, ideológico aunque pragmático, de las grandes avenidas actuales. Cuestión distinta es que la ciudad surcada de amplios bulevares sea más funcional para los flujos actuales del tráfico que han multiplicado por cientos las necesidades de espacio viario desde los tiempos decimonónicos. Sin embargo, entonces como ahora, las leyes se elaboraban para sostener los planes. Eso es lo que, además, había anunciado poco menos el Partido Popular cuando supo que en el Tribunal Superior de Justicia la causa de la prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez -otro higienista- podía sufrir un revolcón; de ahí su anunciado aunque non nato proyecto de ley para modificar la actual legislación sobre patrimonio, la misma que parecía proteger al Cabanyal.
No hará falta, sin embargo, ningún cambio legal porque el TSJ ha dado la razón, finalmente, a los partidarios de la prolongación, por un margen muy ajustado y con la incorporación de un voto particular por parte de los magistrados que han quedado en minoría, voto donde explicarán las razones para oponerse al plan del Ayuntamiento de Valencia. Queda el Supremo, desde luego, y queda, probablemente, que el propio grupo popular del consistorio está cansado de un proyecto tan salpicado de emboscadas y problemas.
Pero lo crucial del plan del Cabanyal, aquello que realmente importa y que diferencia la sociedad actual de la del segundo Imperio, es lo imprudente hoy en día de acometer proyectos urbanos con un alto grado de rechazo social, un coste inaceptable para una sociedad democrática avanzada por mucha ley que ampare a las retroexcavadoras. Ese es el meollo de la cuestión, el que distingue una época autárquica de un presente necesariamente plural, máxime cuando al lado de la causa del Cabanyal no sólo se han pronunciado afectados y agraviados, sino importantes figuras, algunas de talla mundial -Bohigas, Siza, Nouvel- en el campo del propio urbanismo. No se niega a la administración la capacidad de programar cuantas avenidas guste, lo que se observa es la necesidad de tomar en consideración los síntomas de los administrados.JUAN LAGARDERA
Casi todos los historiadores de la contemporaneidad saben que fue en el arranque de la segunda mitad del siglo XIX cuando el segundo emperador bonapartista, Napoleón III, encomendó al barón Haussmann la ordenación de un nuevo París, y que este último con ayuda de dos leyes instrumentales -una de expropiaciones, aventajada de la controvertida LRAU valenciana, y otra de carácter higienista- planificó una nueva ciudad de anchos bulevares, una ciudad que acabó con los callejones medievales del centro de París, pegados a los centros administrativos del poder. En esos callejones vivían buena parte de los obreros y estudiantes que protagonizaron las barricadas revolucionarias de 1830 y 1848 -la primera, la del célebre cuadro de Delacroix que en nuestro MuVIM utilizan para ilustrar la Toma de la Bastilla de 1789-. Tanto el emperador como el urbanista tenían como objetivo acabar con aquel frenesí de levantamientos parisinos.
Ese y no otro es el origen, ideológico aunque pragmático, de las grandes avenidas actuales. Cuestión distinta es que la ciudad surcada de amplios bulevares sea más funcional para los flujos actuales del tráfico que han multiplicado por cientos las necesidades de espacio viario desde los tiempos decimonónicos. Sin embargo, entonces como ahora, las leyes se elaboraban para sostener los planes. Eso es lo que, además, había anunciado poco menos el Partido Popular cuando supo que en el Tribunal Superior de Justicia la causa de la prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez -otro higienista- podía sufrir un revolcón; de ahí su anunciado aunque non nato proyecto de ley para modificar la actual legislación sobre patrimonio, la misma que parecía proteger al Cabanyal.
No hará falta, sin embargo, ningún cambio legal porque el TSJ ha dado la razón, finalmente, a los partidarios de la prolongación, por un margen muy ajustado y con la incorporación de un voto particular por parte de los magistrados que han quedado en minoría, voto donde explicarán las razones para oponerse al plan del Ayuntamiento de Valencia. Queda el Supremo, desde luego, y queda, probablemente, que el propio grupo popular del consistorio está cansado de un proyecto tan salpicado de emboscadas y problemas.
Pero lo crucial del plan del Cabanyal, aquello que realmente importa y que diferencia la sociedad actual de la del segundo Imperio, es lo imprudente hoy en día de acometer proyectos urbanos con un alto grado de rechazo social, un coste inaceptable para una sociedad democrática avanzada por mucha ley que ampare a las retroexcavadoras. Ese es el meollo de la cuestión, el que distingue una época autárquica de un presente necesariamente plural, máxime cuando al lado de la causa del Cabanyal no sólo se han pronunciado afectados y agraviados, sino importantes figuras, algunas de talla mundial -Bohigas, Siza, Nouvel- en el campo del propio urbanismo. No se niega a la administración la capacidad de programar cuantas avenidas guste, lo que se observa es la necesidad de tomar en consideración los síntomas de los administrados.
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