El Cabanyal els ha posat nerviosos
Nerviosos deben estar en el PP para que cinco años después de haber aprobado, por ellos mismos, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano ya quieran modificarla. Me dice un pajarito que los nervios tienen su causa en el procedimiento judicial que se sigue contra el Plan Especial del Cabanyal. Al parecer no esperaban más oposición que el ruido de las cacerolas. Sin embargo, los argumentos utilizados por la oposición al proyecto les ha obligado a reconocer haber cometido errores en la tramitación del plan. Así las cosas, empiezan a pensar que las posibilidades de obtener una sentencia favorable son cada día más escasas.
Los errores de bulto más notables son los siguientes:Nerviosos deben estar en el PP para que cinco años después de haber aprobado, por ellos mismos, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano ya quieran modificarla. Me dice un pajarito que los nervios tienen su causa en el procedimiento judicial que se sigue contra el Plan Especial del Cabanyal. Al parecer no esperaban más oposición que el ruido de las cacerolas. Sin embargo, los argumentos utilizados por la oposición al proyecto les ha obligado a reconocer haber cometido errores en la tramitación del plan. Así las cosas, empiezan a pensar que las posibilidades de obtener una sentencia favorable son cada día más escasas.
Los errores de bulto más notables son los siguientes:
- Creer que el objetivo de la prolongación de la avenida establecida en la Memoria del Plan General de Valencia tiene prevalencia sobre las normas escritas del propio plan que ordenan la conservación del barrio. Cuando, según los tribunales, el primero es una mera recomendación frente las normas que son vinculantes.
- Haber ignorado que los objetivos del plan general deben adecuarse al contenido que debe tener el plan especial de protección según la ley de patrimonio, aunque este se apruebe con posterioridad.
- Olvidar la prevalencia de las normas culturales sobre las urbanísticas en los ámbitos donde es de aplicación la ley de patrimonio cultural.
- Desconocer que los tribunales desde el año 1987 vienen reiterando que en los centros históricos declarados Bien de Interés Cultural, el Cabanyal lo es desde 1993, las alineaciones existentes son inalterables.
- Ignorar que en los conjuntos históricos protegidos las licencias de derribos deben estar condicionadas a la obtención de licencia de obras de construcción de nuevas edificaciones de la misma topologías, en aras a evitar alterar el paisaje urbano.
- Haber ignorado que en los centros históricos protegidos se prohíbe el derribo discriminado de inmuebles y su sustitución por edificaciones que no respondan al ambiente urbano donde se ubiquen. Otros muchos errores, de trascendencia jurídica importante, podríamos citar pero podemos concluir afirmado que todos ello tienen como causa haberse reunido demasiado con los interesados y jamás con los afectados.
En otro orden de cosas, aprovecho para manifestar, que yo también soy de los que no me creo que la finalidad de la reforma, de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciana, sea convertirla en un instrumento efectivo de protección y gestión del patrimonio cultural. Si esas fueran las verdaderas razones que movieran al Gobierno Valenciano no permitirían los derroches presupuestarios de las Bienales de la Sra. Ciscar, ni que se gaste más de 6 millones de euros anuales en dietas, mientras el patrimonio cultural valenciano significativo se tiene que apuntalar para que no se derrumbe. Por una parte, se dejan sin resolver denuncias por agresiones al patrimonio cultural por falta de personal que las tramite, y por otra, se sufre una demora de más de cuatro años en aprobar los planes especiales de centros históricos, monumentos y sus entornos por falta de funcionarios que puedan atender las tramitaciones oportunas. Y, lo que es más gordo, seguimos sin tener el preceptivo reglamento que facilite la aplicación de la ley que quieren cambiar.
Con estos antecedentes, y otros, resulta difícil creer que el PP haya entendido el mandato constitucional, referido a los poderes públicos, del deber de incrementar el patrimonio cultural y que la legislación estatal actúa como nivel de protección mínima que deben respetar las Comunidades Autónomas. Cualquier propuesta de reforma que no respete el ordenamiento jurídico al que debe sujetarse toda actuación del Gobierno Valenciano delatará que todavía no han renunciado a la tentación de gobernar como si fueran los señoritos del cortijo.
JOSE LUIS RAMOS
ABOGADO
SALVEM EL CABANYAL
- Creer que el objetivo de la prolongación de la avenida establecida en la Memoria del Plan General de Valencia tiene prevalencia sobre las normas escritas del propio plan que ordenan la conservación del barrio. Cuando, según los tribunales, el primero es una mera recomendación frente las normas que son vinculantes.
- Haber ignorado que los objetivos del plan general deben adecuarse al contenido que debe tener el plan especial de protección según la ley de patrimonio, aunque este se apruebe con posterioridad.
- Olvidar la prevalencia de las normas culturales sobre las urbanísticas en los ámbitos donde es de aplicación la ley de patrimonio cultural.
- Desconocer que los tribunales desde el año 1987 vienen reiterando que en los centros históricos declarados Bien de Interés Cultural, el Cabanyal lo es desde 1993, las alineaciones existentes son inalterables.
- Ignorar que en los conjuntos históricos protegidos las licencias de derribos deben estar condicionadas a la obtención de licencia de obras de construcción de nuevas edificaciones de la misma topologías, en aras a evitar alterar el paisaje urbano.
- Haber ignorado que en los centros históricos protegidos se prohíbe el derribo discriminado de inmuebles y su sustitución por edificaciones que no respondan al ambiente urbano donde se ubiquen. Otros muchos errores, de trascendencia jurídica importante, podríamos citar pero podemos concluir afirmado que todos ello tienen como causa haberse reunido demasiado con los interesados y jamás con los afectados.
En otro orden de cosas, aprovecho para manifestar, que yo también soy de los que no me creo que la finalidad de la reforma, de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciana, sea convertirla en un instrumento efectivo de protección y gestión del patrimonio cultural. Si esas fueran las verdaderas razones que movieran al Gobierno Valenciano no permitirían los derroches presupuestarios de las Bienales de la Sra. Ciscar, ni que se gaste más de 6 millones de euros anuales en dietas, mientras el patrimonio cultural valenciano significativo se tiene que apuntalar para que no se derrumbe. Por una parte, se dejan sin resolver denuncias por agresiones al patrimonio cultural por falta de personal que las tramite, y por otra, se sufre una demora de más de cuatro años en aprobar los planes especiales de centros históricos, monumentos y sus entornos por falta de funcionarios que puedan atender las tramitaciones oportunas. Y, lo que es más gordo, seguimos sin tener el preceptivo reglamento que facilite la aplicación de la ley que quieren cambiar.
Con estos antecedentes, y otros, resulta difícil creer que el PP haya entendido el mandato constitucional, referido a los poderes públicos, del deber de incrementar el patrimonio cultural y que la legislación estatal actúa como nivel de protección mínima que deben respetar las Comunidades Autónomas. Cualquier propuesta de reforma que no respete el ordenamiento jurídico al que debe sujetarse toda actuación del Gobierno Valenciano delatará que todavía no han renunciado a la tentación de gobernar como si fueran los señoritos del cortijo.
JOSE LUIS RAMOS
ABOGADO
SALVEM EL CABANYAL
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