JOSÉ LUIS RAMOS. LOS FINES DE LA ACTIVIDAD URBANITICA. Levante-emv 13/03/1999

(En resposta a: “Nou propostes per a desbloquejar l’afer Blasco Ibáñez” de J.V. Boira. Publicat el 13-03-1999 al Levante-emv) Tras leer el citado artículo de mi primera impresión,  deduzco que el autor trata de facilitar un entendimiento de las partes en conflicto, pero, sin darse cuentan qué las reglas del juego que plantea permiten anunciar un resultado según la voluntad del Ayuntamiento.

JOSÉ LUIS RAMOS / Abogado      LOS FINES DE LA ACTIVIDAD URBANITICA

(En resposta a: “Nou propostes per a desbloquejar l’afer Blasco Ibáñez” de J.V. Boira. Publicat el 13-03-1999 al Levante-emv)

Aprovechándose de la amabilidad de LEVANTE-EMV al abrir sus paginas a la polémica ciudadana sobre la prolongación de la avenida Blasco Ibañez, el pasado 13-3-99, JOSEP V. BOIRA MAIQUES realizaba “Nou propostes per a desbloquejar l’afer Blasco Ibáñez.” Tras leer el citado artículo de mi primera impresión,  deduzco que el autor trata de facilitar un entendimiento de las partes en conflicto, pero, sin darse cuentan qué las reglas del juego que plantea permiten anunciar un resultado según la voluntad del Ayuntamiento. Ello se desprende de la propuesta 2 donde manifiesta “Reconeiximent a l`Ajuntament de València de la potestad i la legitimidad de l`actuación urbanística, per tan, caldría evitar la judicializació de la discusió urbana.”. Las 8 propuestas restantes pienso que pueden ser asumidas por todas las partes.

Trataré de explicar el error del Sr. BOIRA. Primero olvida que la actividad urbanistica es un acto reglado. Ello supone que las competencias urbanas de las entidades locales, consisten en revisar  la conformidad con las determinaciones establecidas por la ley, de los proyectos urbanísticos que se presenten. De manera qué todo proyecto que no sea contrario a la legalidad urbanística, se deberá aprobar y en caso contrario rechazar. En segundo lugar, no distingue entre las potestades urbanísticas (que corresponden al poder legislativo) y las competencias municipales en materia urbana. No tiene en cuenta qué, la facultad de establecer los fines de la actividad urbanistica, corresponde a quien goza de la potestad urbanistica qué en nuestro caso son las Cortes Valencianas, mientras al Ayuntamiento le corresponde su gestión, consistente en  vigilar que los proyectos  son conforme a derecho.

En el ejercicio de sus facultades nuestras Cortes aprobaron la Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica que dispone “Son fines propios de la actividad urbanística y principios rectores de su desarrollo los enunciados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución.”  (Derecho al medio ambiente, al patrimonio histórico y vivienda digna, respectivamente) Por otra parte señala cómo objeto de la ordenación y del interés colectivo “La protección del patrimonio arquitectónico y del ambiente y del paisaje, urbano o rústico, conforme la percepción colectiva de los  mismos”. Las mismas Cortes mediante la Ley de Patrimonio Valenciano, declaran que forman parte del patrimonio cultural valenciano los bienes declarados de interés cultural, cómo ocurre en el caso del Cabanyal.

En tercer lugar nos propone que renunciemos a una de las esencias fundamentales del estado de derecho. Es decir,  la facultad de  acudir los ciudadanos a los tribunales solicitando la revisión de  los actos administrativo, para evitar el abuso y la desviación de poder. Competencia que corresponde en exclusiva a los tribunales, y sólo en democracias débiles o repúblicas bananeras los políticos tratan de sustraer dicha función a la administración de justicia. Todo ello, le ocurre al Sr. Boira, por no tener en cuenta qué, és a los abogados, a quienes corresponde de forma exclusiva y excluyente velar por los intereses susceptibles de defensa jurídica. Y hablar de potestad y legitimidad urbanística, es uno de esos supuestos, porque afecta a la legalidad de la actividad urbanística y por tanto susceptible de revisarse ante los tribunales. Por otra parte, el Sr. Boira reconoce una capacidad de decisión final  al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que no tiene reconocido por Ley. Pues la decisión final en la aprobación de los instrumentos de desarrollo urbanísticos corresponde a la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo. Ésta debe realizar un examen de legalidad del Plan y aprobar o rechazar en función de la legalidad o ilegalidad del mismo.

Cómo se puede advertir se nos propone que reconozcamos unas facultades urbanísticas que el Ayuntamiento no tiene, y encima se nos pide que renunciemos al amparo de los tribunales en el supuesto que observemos arbitrariedad  o desviación de poder. Es esas condiciones no es aventurado pensar que el resultado será el que quiera el Ayuntamiento. Espero que las distintas partes afectadas entiendan que toda alternativa técnico-urbanística que al final se apruebe para el Cabanyal, (bien por consenso o por imposición del PP) la legalidad de la misma puede ser revisada por los tribunales, a quienes corresponde declarar la nulidad de la misma si esta no se ajusta a la legalidad urbanística. Por ello buscar soluciones que no partan de un informe juridico que señale los limites a los que debe sujetarse una intervención urbanística en el Cabanyal, puede traer sorpresas en el futuro. Así las cosas, sería conveniente que por las administraciones competentes se realizaran y se hicieran públicos informes de legalidad de la alternativa antes de su aprobación final. Tampoco estaría fuera de lugar, que se explicara a quienes deben aprobar el plan, el significado de “La fuerza normativa del hecho fáctico en el urbanismo” y las diferencias entre discrecionalidad política y la discrecionalidad instrumental técnico-jurídica.